Mientras las autoridades municipales niegan categóricamente las acusaciones contra Yoamel Acosta Morales, otros dirigentes del PCC en el país comienzan a reconocer que los casos de corrupción «no son aislados».
El gobierno municipal de La Lisa, en La Habana, salió al paso de las acusaciones de corrupción contra su presidente, Yoamel Acosta Morales, con un «Desmentido Oficial» publicado en sus redes sociales. La respuesta fue provocada por una denuncia del medio digital La Tijera, que alegaba que el funcionario —también diputado a la Asamblea Nacional y militante del Partido Comunista— había sido arrestado por la desaparición de 20 motos eléctricas destinadas a entidades estatales. En un comunicado, la Asamblea Municipal de La Lisa calificó la información como «carente de veracidad» y aseguró que Acosta Morales «continúa ejerciendo sus funciones con total compromiso y transparencia», invitando a la ciudadanía a informarse solo por «canales oficiales».
Sin embargo, este desmentido se produce en un contexto nacional donde otros dirigentes del Partido Comunista han comenzado a reconocer, aunque de forma velada, que la corrupción es un problema sistémico. Desde Las Tunas, un funcionario admitió que «todo se sabrá», en un aparente intento de contener el creciente malestar público. Casos recientes respaldan esta percepción: una alta funcionaria fue condenada a 15 años por delitos económicos, en Mayabeque se expuso un fraude millonario en la exportación de carbón, y en Sancti Spíritus cinco funcionarios fueron sancionados administrativamente por irregularidades. La situación deja a la ciudadanía en un limbo informativo, atrapada entre la desconfianza hacia las versiones oficiales y la falta de acceso a datos verificables e independientes.
