El gobierno presentó una actualización de su programa de ajuste, enfatizando en la disciplina fiscal y el control, pero sin ofrecer transparencia sobre cómo estas medidas han aliviado la crisis que sufren los cubanos.
El gobierno cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, presentó una versión actualizada de su Programa para «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Aprobado por el Buró Político, el documento será sometido a un proceso de discusión nacional con estructuras estatales y organizaciones de masas para definir responsabilidades de implementación.
Según el informe oficial, el plan precisa 10 objetivos generales y actualiza 39 objetivos específicos, junto con un cronograma de acciones para los últimos meses del año. En paralelo, el Consejo de Ministros evaluó la ejecución presupuestaria hasta agosto, reportando resultados «favorables» con una reducción del déficit fiscal y un superávit en cuenta corriente. Marrero instó a los territorios a alcanzar condiciones superavitarias para lograr un «pleno desarrollo».
Sin embargo, el discurso oficial, repleto de tecnicismos y promesas de alineación de metas, evitó por completo ofrecer datos concretos sobre el impacto real de estas medidas en la vida de los cubanos. En un contexto marcado por una inflación galopante, una escasez crónica y el colapso de los servicios básicos, la falta de transparencia y autocrítica refuerza la percepción ciudadana de que estas directrices son más un ejercicio de propaganda que un plan viable para sacar al país de la profunda crisis económica que padece.
