El sistema de justicia estadounidense, antaño considerado faro de imparcialidad en el mundo occidental, se encuentra sumido en lo que muchos analistas denominan una «crisis existencial». La reciente acusación formal contra James Comey, exdirector del FBI, ha destapado una caja de Pandora de acusaciones cruzadas que revelan hasta qué punto las instituciones judiciales se han convertido en extensiones del campo de batalla político. La ironía histórica es palpable: Comey, quien durante años ejerció un poder considerable sobre el destino de figuras políticas, ahora enfrenta el escrutinio del mismo sistema que muchos acusan haber manipulado.
Las declaraciones de destacadas figuras demócratas como Richard Blumenthal y Eric Swalwell suenan a un eco siniestro en los pasillos del poder. Sus advertencias sobre represalias futuras—»lo que se siembra se cosecha»—contienen una contradicción fundamental que no pasa desapercibida para los observadores políticos. Son precisamente los demócratas, argumentan los conservadores, quienes perfeccionaron el arte de utilizar el sistema judicial como arma contra sus oponentes.
Esta paradoja se manifiesta en lo que el exasesor de Trump, Roger Stone, describe como «el mejor ejemplo de un sistema judicial de dos niveles». Mientras Comey disfruta del privilegio de entregarse voluntariamente a las autoridades, Stone recuerda vívidamente cómo un equipo SWAT del FBI irrumpió en su hogar al amanecer, con cámaras de CNN convenientemente presentes para documentar su humillación pública. La discrepancia en el tratamiento no podría ser más evidente.
El tormento legal del general Michael Flynn representa quizás el ejemplo más claro de la weaponización del sistema judicial. Comey mismo se jactó públicamente de haber enviado agentes del FBI a interrogar al recién nombrado asesor de seguridad nacional, violando protocolos establecidos y aprovechando lo que describió como la desorganización de la naciente administración Trump.
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«Algo que no habría hecho ni habría logrado con una administración más organizada, como la de George W. Bush, por ejemplo, o la de Obama», admitió Comey en una entrevista con MSNBC. Esta declaración, lejos de ser una anécdota curiosa, se erige como prueba fundamental de la selectividad en la aplicación de la ley.
Para Flynn, las consecuencias fueron devastadoras: años de batallas legales, la pérdida de su hogar, su negocio y la mayor parte de sus ahorros. Su caso ilustra cómo el proceso legal puede convertirse en castigo en sí mismo, independientemente del resultado final. El perdón presidencial llegó, pero no pudo devolverle lo perdido durante su calvario jurídico.
El alcance de esta weaponización judicial se extiende mucho más allá de las figuras más visibles. Las estadísticas son elocuentes: más de 1500 partidarios de Trump procesados en relación con los eventos del 6 de enero, múltiples asesores encarcelados por cargos de desacato, y una variedad de conservadores—desde participantes en juntas escolares hasta católicos que asistían a misa en latín—sujetos a escrutinio federal.
Steve Bannon y Peter Navarro experimentaron la cara más dura de este aparato judicial. Navarro, encarcelado durante cuatro meses—la primera sentencia de prisión por desacato al Congreso en cuatro décadas—describe un sistema donde las reglas aplican diferencialmente según la afiliación política. Su relato sobre ser arrestado en un aeropuerto, esposado y sometido a registros corporales invasivos, contrasta marcadamente con el tratamiento reservado para Comey.
Lo que más exaspera a los destinatarios de esta justicia selectiva no son necesariamente las acusaciones en sí, sino la disparidad de tratamiento. Stone señala con amargura cómo se le impuso una orden de mordaza que le prohibía defenderse públicamente, mientras Comey puede aparecer en Instagram presentándose como mártir de la «Resistencia» inmediatamente después de ser acusado.
Esta inconsistencia sugiere la existencia de lo que Navarro llama «mártires y perpetradores»—categorías determinadas no por los actos cometidos sino por la alineación política. La pregunta que resuena en los círculos conservadores es simple: ¿por qué algunos merecen consideraciones procesales especiales mientras otros enfrentan la máxima dureza del sistema?
Los eventos recientes representan la culminación de una transformación gradual en la naturaleza del sistema de justicia estadounidense. Lo que comenzó como discrepancias políticas convencionales ha evolucionado hacia una guerra legal total donde las instituciones judiciales se han convertido en armas en la batalla partidista.
Comey, en su video de Instagram, se presenta como víctima de su decisión de «enfrentarse a Donald Trump». Pero para sus críticos, esta narrativa omite su papel fundamental en la creación del mismo ambiente de politización judicial del que ahora se queja.
Las implicaciones de esta judicialización de la política son profundas. Bannon advierte que la acusación contra Comey es solo «un aperitivo para un banquete que vamos a imponerle a la fuerza al Estado Profundo». Esta retórica sugiere que, lejos de calmar las aguas, el caso Comey podría inaugurar una nueva era de escalada en las guerras legales partidistas.
La normalización de estas prácticas amenaza con erosionar permanentemente la credibilidad del sistema judicial. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia aplica diferente según la afiliación política, la base misma del contrato social comienza a resquebrajarse.
La situación actual representa una tragedia institucional de múltiples capas. Comey, quien alguna vez encarnó el establishment legal, ahora enfrenta el mismo tipo de escrutinio que ejerció sobre otros. Los demócratas, que denuncian la politización de la justicia, practican abiertamente la amenaza de represalias judiciales futuras. Los republicanos, tradicionalmente defensores de las instituciones, se ven impulsados hacia tácticas de «tierra arrasada».
El caso Comey sirve como recordatorio de que Armar al sistema judicial es un juego peligroso donde, eventualmente, todos pueden convertirse en víctimas. Como señala Flynn, el daño causado «al sistema de justicia y al Estado de derecho en Estados Unidos» podría perdurar mucho más que cualquier administración particular. En esta nueva realidad, la justicia parece haber perdido su blindaje contra la politización, y el precio lo pagará la credibilidad misma de las instituciones estadounidenses.
