La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) transfirió 608 millones de dólares al estado de Florida el 30 de septiembre, un día antes del cierre parcial del gobierno federal.
Esta cuantiosa cantidad está destinada a cubrir gastos operativos de los centros de detención de inmigrantes, conocidos como Alligator Alcatraz y Deportation Depot, según confirmó la Oficina Ejecutiva del Gobernador Ron DeSantis.
El gobernador celebró públicamente la transferencia a través de su cuenta en X: “Otro relato falso se desmorona. Siempre dije que seríamos reembolsados”. Posteriormente subrayó que el reembolso no modifica el carácter estatal del proyecto.
“Sigue siendo propiedad del estado y una misión estatal”, afirmó DeSantis.
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Instalaciones polémicas en terrenos protegidos
Alligator Alcatraz fue construido sobre las pistas abandonadas del aeropuerto Dade-Collier, dentro del área protegida de Big Cypress National Preserve, en el condado Collier.
Por su parte, Deportation Depot opera en las instalaciones clausuradas de la prisión Baker Correctional Institution. El costo de instalación del primero superó los 250 millones de dólares en menos de un mes, y se proyecta un gasto operativo anual de 450 millones.
Según documentos estatales y declaraciones de la subdirectora de ICE, Madison Sheahan, los fondos provienen de partidas originalmente destinadas al programa federal de Albergue y Servicios, el cual ofrecía ayuda a gobiernos locales y organizaciones que asistían a migrantes.
Reacciones y demandas por impacto ambiental
El desembolso federal ha reavivado una demanda contra el estado de Florida y el gobierno federal, presentada por organizaciones como Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee. Los demandantes alegan que no se realizó el estudio ambiental requerido para utilizar terrenos en los Everglades.
“El financiamiento de FEMA confirma que se trata de un proyecto federal, que debe cumplir con las leyes ambientales federales”, declaró Elise Bennett, directora en Florida del Center for Biological Diversity.
En agosto, un juez federal detuvo temporalmente la construcción. Sin embargo, una corte de apelaciones permitió retomarla en septiembre al considerar que Florida no había recibido fondos federales. Con la reciente transferencia, los grupos ambientalistas sostienen que la situación cambia radicalmente.
“El otorgamiento de fondos de FEMA es evidencia de que Alligator Alcatraz debe detenerse para cumplir con las protecciones ambientales básicas”, expresó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
Esta transferencia se suma a los esfuerzos del estado para fortalecer la política migratoria de la administración de Donald Trump.
Esta semana, los alguaciles de Florida solicitaron 250 millones de dólares adicionales en fondos estatales para adquirir tecnología, ampliar capacidad de detención y otorgar bonificaciones a agentes involucrados en operativos migratorios.
Estas acciones se desarrollan en coordinación con el gobierno del presidente Trump y bajo el marco del programa 287(g), que permite a autoridades locales ejecutar funciones federales de inmigración.
