Andrés Ignacio Perea, de 25 años, enfrenta cargos graves tras una ley de Florida de 2024 que penaliza el uso de dispositivos de rastreo sin consentimiento, un delito que ahora puede acarrear hasta cinco años de prisión.
Las autoridades del condado de Miami-Dade han arrestado a un joven cubano residente por presuntamente utilizar tecnología moderna para acosar y vigilar a su expareja. Andrés Ignacio Perea, de 25 años, fue detenido este miércoles 10 de diciembre de 2025 acusado de instalar un dispositivo de rastreo sin consentimiento y también enfrenta un cargo de daños a la propiedad por un incidente previo, según consta en los registros penitenciarios de Florida.
El caso, que combina violencia doméstica digital y vandalismo, comenzó a investigarse a raíz de una denuncia presentada el pasado 12 de octubre. Ese día, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSO) acudieron a la cuadra 10300 de la calle 119 Suroeste tras recibir el reporte de que Perea había destrozado el automóvil de su exnovia. Este acto de vandalismo fue, según se pudo determinar, el punto culminante de una campaña de acoso más elaborada.
La investigación reveló un componente tecnológico crucial. Según el informe de arresto, la madre de la víctima declaró a la policía que, aproximadamente dos semanas antes del ataque al vehículo, su hija había recibido una notificación automática en su teléfono iPhone. La alerta indicaba que un Apple AirTag (un pequeño dispositivo de localización diseñado para encontrar objetos perdidos) desconocido se estaba moviendo con ella. Alarmadas, ambas mujeres procedieron a revisar minuciosamente el auto de la víctima.
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La búsqueda dio resultado: encontraron el AirTag oculto en el guardafango del vehículo. Al investigar la procedencia del dispositivo a través de la aplicación correspondiente, descubrieron que estaba registrado a nombre de Andrés Ignacio Perea. La víctima proporcionó a los investigadores una fotografía de la notificación de su teléfono, la cual mostraba los últimos cuatro dígitos del número celular asociado al AirTag. Estos dígitos coincidían exactamente con los del número telefónico del sospechoso, ofreciendo una evidencia digital directa que vinculaba a Perea con el artefacto de rastreo.
El informe policial también detalla el contexto de la relación. La víctima había mantenido un vínculo sentimental con Perea durante al menos ocho años antes de terminar la relación. Tras la separación, y debido a incidentes previos, la mujer había obtenido una orden de restricción (restraining order) en su contra por un período de cinco años. Este dato es fundamental, ya que indica un historial de comportamientos preocupantes que llevaron a la expareja a buscar protección legal con anterioridad al episodio del AirTag.
Andrés Ignacio Perea se entregó voluntariamente este miércoles en la estación del Distrito Kendall del MDSO. Fue procesado y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight. En su primera comparecencia ante un juez, se le fijó una fianza de $5,000 dólares para quedar en libertad en espera del juicio.
Este caso es un ejemplo paradigmático de la aplicación de una nueva legislación de Florida que busca combatir el acoso tecnológico. El Estatuto 934.425, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024, tipifica específicamente como un delito grave de tercer grado el instalar, ocultar o utilizar un dispositivo de rastreo electrónico en el vehículo o propiedad de otra persona sin su consentimiento. Este cambio legal es significativo: antes de esta ley, una acción similar podría haber sido considerada solo como un delito menor (misdemeanor), con consecuencias penales mucho más leves.
La pena máxima por violar este estatuto puede alcanzar los cinco años de prisión, una sanción que refleja la gravedad con la que ahora el estado de Florida ve estas intrusiones tecnológicas, a menudo utilizadas en contextos de violencia doméstica, acoso (stalking) o acecho. La ley busca proteger a las víctimas de un tipo de vigilancia intrusiva que, debido a dispositivos pequeños y de bajo costo como el AirTag, se había vuelto más accesible y difícil de detectar.
El arresto de Andrés Ignacio Perea envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales del acoso digital en Florida. Su caso será un test para la aplicación de esta nueva normativa, mientras que para la víctima representa un paso en la búsqueda de justicia contra un patrón de comportamiento controlador y potencialmente peligroso que trascendió el espacio físico para invadir su privacidad y movilidad a través de la tecnología.
Resumen: Andrés Ignacio Perea, un cubano de 25 años residente en Miami-Dade, fue arrestado por presuntamente colocar un AirTag de Apple en el auto de su exnovia para rastrearla sin su consentimiento. El caso, que también incluye cargos por daños a la propiedad, se enmarca bajo una nueva ley de Florida (Estatuto 934.425) que convierte esta acción en un delito grave, castigable con hasta cinco años de cárcel. La víctima tenía una orden de restricción previa contra Perea.
