Una reducción del 90% en detenciones revela el impacto de medidas restrictivas, mientras crecen las tensiones legales y humanitarias
El año fiscal 2025 marca un hito en la historia migratoria de Estados Unidos: con apenas 238,000 detenciones, la frontera sur registra su menor número de cruces ilegales desde 1970. Esta cifra, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contrasta radicalmente con los 2.2 millones de interceptaciones contabilizadas en 2022, y refleja un descenso del 90% en apenas tres años.
El desplome no es casual. Analistas de CBS News y el Instituto de Política Migratoria coinciden en atribuirlo a un giro restrictivo sin precedentes, implementado tras el cambio de administración. Entre las medidas clave se cuentan el cierre casi total del sistema de asilo mediante poderes de emergencia, el despliegue de miles de soldados, la suspensión de programas humanitarios anteriores y el fin de las liberaciones tras cruces ilegales, priorizando ahora la deportación expedita o la detención prolongada.
El caso de los migrantes cubanos es emblemático: de 6,136 detenidos en enero de 2025, la cifra cayó a apenas 105 en agosto. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, defendió las políticas afirmando que el presidente “ha cumplido su promesa de asegurar la frontera”, vinculando la baja con un aumento en la seguridad interna.
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Sin embargo, la estrategia no está exenta de controversia. Tribunales federales ya han limitado parcialmente la prohibición de asilo, y jueces en estados como Oregón han bloqueado despliegues de la Guardia Nacional. Mientras, albergues en ciudades fronterizas como El Paso reportan días con cero migrantes alojados. “Simplemente no estamos viendo a la gente”, declaró el responsable de una red de acogida, aunque evitó atribuirlo exclusivamente a la política.
A nivel interno, operaciones migratorias altamente publicitadas han desatado protestas en Chicago, Los Ángeles y Portland, donde críticos denuncian el trato inhumano y la opacidad en los procesos. Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria, advierte que, si bien el efecto disuasorio es claro, su sostenibilidad dependerá de factores externos como la estabilidad económica en América Latina y la capacidad de repatriación por parte de los países de origen.
