Abogados denuncian un giro sin precedentes que afecta a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, generando separaciones familiares y saturando los tribunales de inmigración.
Un cambio abrupto en la práctica operativa de las agencias migratorias estadounidenses ha generado una ola de confusión y alarma entre miles de familias binacionales. En los últimos meses, un número creciente de extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses, y que se encontraban en pleno proceso legal para obtener su residencia permanente (tarjeta verde), han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante lo que esperaban que fueran simples entrevistas de rutina en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Abogados especializados advierten que esta nueva táctica, aplicada a individuos que están siguiendo el procedimiento establecido, representa un giro drástico y con consecuencias humanitarias graves.
El perfil de los detenidos y la geografía del fenómeno:
Los casos reportados no corresponden a perfiles de alto riesgo. Entre los arrestados se encuentran:
- Una madre británica que acudió a su cita con su bebé en brazos.
- Un refugiado ucraniano.
- La esposa de un veterano de la Marina de los EE.UU.
- Un ciudadano alemán próximo a celebrar su primer aniversario de bodas.
Las detenciones se han registrado en múltiples estados, con concentraciones notables en San Diego (donde se conocen decenas de casos), así como en Nueva York, Cleveland y Utah.
La justificación oficial vs. la práctica histórica:
La administración Trump justifica las detenciones alegando que estos solicitantes habían «excedido el tiempo permitido por sus visas», perdiendo así su estatus migratorio legal y quedando sujetos a deportación. Un portavoz de USCIS señaló que las detenciones en sus instalaciones pueden ocurrir si existen órdenes de deportación previas, fraude u otras violaciones.
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Sin embargo, abogados y expertos en política migratoria subrayan una contradicción fundamental:
Durante décadas, la ley estadounidense ha contemplado una excepción específica para los familiares directos de ciudadanos, incluyendo a los cónyuges. Esta disposición, conocida como «ajuste de estatus», permite que una persona regularice su situación y obtenga la residencia incluso si se encuentra en situación irregular en el momento de presentar la solicitud, siempre que sea elegible y esté casada con un ciudadano estadounidense.
«Esta vía se creó precisamente para que los familiares directos pudieran regularizar su situación de manera legal», explicó Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Instituto de Política Migratoria. La experta añade que, dado que el proceso de la tarjeta verde puede extenderse más de un año, es común y previsible que los solicitantes pierdan el estatus de su visa durante la espera, sin que esto haya sido tradicionalmente un impedimento para la aprobación final.
Consecuencias inmediatas y daño colateral:
El impacto de estas detenciones es múltiple:
- Separación familiar traumática: Cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses se ven abruptamente separados de sus seres queridos.
- Saturación del sistema: Los casos, que estaban cerca de resolverse en USCIS, son transferidos al ya sobrecargado sistema de tribunales de inmigración, añadiendo años de demoras, costos legales exorbitantes e incertidumbre prolongada.
- Desvío de recursos: Abogados como Shev Dalal-Dheini, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, critican que se destinen recursos a detener a personas «al final del camino» hacia la residencia legal, lo que históricamente se consideraba «un desperdicio».
- Casos concretos de injusticia: Se citan ejemplos como el de un inmigrante mexicano en San Diego, casado con una estadounidense, traído de adolescente y sin antecedentes, detenido tras una entrevista exitosa; o una mujer mexicana en Cleveland con 25 años de residencia en el país, arrestada por una antigua orden de deportación atribuida a un error de notificación.
Resumen: La administración Trump está aplicando un nuevo criterio que lleva al arresto de cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses durante sus trámites de residencia, argumentando violaciones de visa. Este giro, que contradice décadas de práctica legal que protegía a los familiares directos, está causando separaciones familiares, saturando los tribunales y generando una profunda inseguridad jurídica entre miles de familias que siguen los procedimientos establecidos.
Nota: Este endurecimiento táctico en la etapa final del proceso de residencia por matrimonio refleja una politización extrema de la política migratoria. Más allá del debate legal, erosiona la confianza en el sistema y convierte un camino de integración familiar legal en una pesadilla burocrática y humana. Las detenciones de individuos que, por todos los indicios, estaban a punto de regularizar su situación, plantean una pregunta perturbadora: si el sistema ya no protege a quienes siguen sus reglas al pie de la letra, ¿qué seguridad tienen las familias inmigrantes que buscan construir su vida dentro de la ley?
