Mientras el Estado elogia la ayuda ciudadana, expertos señalan que estos episodios revelan la ausencia de protocolos de emergencia en el transporte público
En la sofocante tarde del lunes, la guagua 9002 de la ruta A-16 se convirtió en el escenario de un drama humano que terminó convertido en un poderoso símbolo de la Cuba actual. Lo que comenzó como un viaje rutinario se transformó en minutos en una situación límite cuando un pasajero de mediana edad, identificado como diabético, comenzó a mostrar signos de desvanecimiento. Según testigos, el hombre palideció visiblemente mientras su cuerpo perdía fuerza, deslizándose peligrosamente hacia el suelo del abarrotado vehículo.
Fue en ese momento crítico cuando una mujer, cuya identidad permanece en el anonimato, emergió entre la multitud de pasajeros. Con decisión y serenidad, se abrió paso entre los asientos y, aplicando conocimientos básicos de primeros auxilios, logró evitar que el hombre se golpeara contra las superficies metálicas del ómnibus. Su intervención no se limitó a un acto instintivo -permaneció junto al paciente, monitorizando sus signos vitales durante todo el trayecto restante, asegurándose de que recuperara la consciencia plena antes de permitir que continuara su camino.
El periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, quien documentó el caso, comenta a este medio: «Lo ocurrido en la ruta A-16 es mucho más que una anécdota conmovedora. Representa la paradoja perfecta de la Cuba contemporánea: ciudadanos que suplen con solidaridad lo que el Estado no puede garantizar con estructura». Sus palabras resuenan con especial fuerza cuando se examina el contexto más amplio del transporte público en la isla.
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La respuesta institucional no se hizo esperar, aunque adoptó un cariz particular. Transportación Habana y Guaguas de La Habana, empresas estatales frecuentemente criticadas por la precariedad del servicio, utilizaron sus plataformas oficiales para reconocer lo que denominaron un «acto de bondad y solidaridad». En su comunicado, hicieron un llamamiento a «activar la ayuda mutua en tiempos difíciles», una frase que varios analistas interpretan como el reconocimiento tácito de que el sistema no puede garantizar por sí mismo la seguridad de los usuarios.
La Doctora Elena Morales, socióloga de la Universidad de La Habana, explica: «Estamos presenciando un fenómeno social fascinante. El Estado, ante su incapacidad para proveer servicios básicos eficientes, delega responsabilidades en la ciudadanía mientras se reserva el derecho de elogiar estos actos como si fueran iniciativas espontáneas y no respuestas necesarias a fallos estructurales».
Este incidente dista de ser aislado. En julio pasado, otro episodio había capturado la atención pública cuando el conductor Dayron, al percibir que un pasajero sufría una emergencia médica, desvió su ruta hacia el Hospital Naval. En esa ocasión, el operario no solo activó las luces de emergencia y contactó con los servicios médicos, sino que solicitó por el micrófono si había algún profesional de la salud a bordo que pudiera asistir al afectado durante el trayecto.
El arquitecto urbano Roberto Fernández señala que «estos eventos revelan una verdad incómoda: el transporte público se ha convertido en un espacio donde las emergencias médicas deben resolverse con recursos improvisados. La falta de botiquines de primeros auxilios, la ausencia de protocolos de actuación y la escasa formación del personal en situaciones de crisis crean un vacío que solo la solidaridad ciudadana puede llenar».
Las cifras oficiales, aunque fragmentarias, pintan un panorama preocupante. Según el último Anuario Estadístico de Salud, las enfermedades crónicas como la diabetes muestran una prevalencia creciente en la población cubana, particularmente entre adultos mayores, que son justamente los que más dependen del transporte público. Sin embargo, no existen datos públicos sobre la frecuencia de emergencias médicas en ómnibus estatales, ni sobre la capacidad de respuesta del sistema ante estos incidentes.
El contraste con la realidad internacional es notable. En países como México o Argentina, los transportes urbanos cuentan con protocolos de emergencia establecidos, botiquines de primeros auxilios y personal entrenado para actuar en situaciones críticas. Incluso en naciones con recursos limitados como Bolivia, existen programas de capacitación para choferes en atención prehospitalaria básica.
En Cuba, sin embargo, la respuesta ha sido diferente. Las autoridades optan por destacar los actos heroicos individuales mientras evitan abordar las causas estructurales que los hacen necesarios. «Es más barato elogiar la solidaridad que invertir en un sistema de respuesta a emergencias», apunta el economista independiente Omar Everleny.
La situación se complejiza cuando se considera el estado técnico de la flota de transporte. Con una edad promedio que supera los 15 años y frecuentes fallos mecánicos, estos vehículos se convierten en potenciales trampas mortales cuando ocurre una emergencia médica. La falta de aire acondicionado funcional en la mayoría de las unidades agrava las condiciones para pasajeros con problemas de salud.
La psicósocial Laura Domínguez argumenta que «estos actos de solidaridad, aunque loables, enmascaran un problema mayor: la normalización de la precariedad. Los cubanos hemos desarrollado una extraordinaria capacidad de resiliencia, pero esto no debería eximir al Estado de su responsabilidad de proveer servicios seguros y adecuados».
Mientras tanto, en las calles de La Habana, la vida sigue su curso. La pasajera de la ruta A-16 probablemente nunca sabrá que su acto generó tanto análisis. El hombre al que ayudó continúa su vida, agradecido por la intervención oportuna. Y el sistema de transporte sigue funcionando como siempre: sobrecargado, precario, dependiente de la bondad de extraños para evitar que las crisis individuales se conviertan en tragedias colectivas.
Este episodio, como muchos otros en la Cuba actual, deja una pregunta flotando en el aire: ¿Hasta qué punto la solidaridad ciudadana, admirable sin duda, está siendo utilizada como coartada para justificar la desinversión estatal en servicios públicos esenciales? La respuesta, como la identidad de la mujer que actuó en la guagua 9002, parece querer permanecer en el anonimato.
