Rolando Díaz Acosta, detenido por hurto, sufrió graves lesiones en sus manos mientras estaba bajo custodia estatal; autoridades no ofrecen explicaciones
Una denuncia urgente ha sido elevada desde la Prisión de San José en La Habana, conocida como «la prisión del Sida», donde el recluso Rolando Díaz Acosta, de aproximadamente 43 años, habría sufrido la mutilación de sus manos mientras se encontraba bajo custodia estatal.
Según información proporcionada por sus familiares, recibieron inicialmente una llamada de un guardia del penal informando que Rolando se había lesionado gravemente las manos. Horas después, un segundo oficial indicó que las manos «le fueron cortadas», sin proporcionar detalles sobre las circunstancias, el responsable o cómo ocurrieron los hechos.
La familia, originaria de Santa Clara y Sagua la Grande, se encuentra en completa incertidumbre, sin acceso a informes médicos oficiales ni comunicación directa con el personal que atiende a Díaz Acosta, quien estaba detenido por presunto hurto a la espera de juicio.
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Situación médica crítica
Según versiones no oficiales, Rolando fue trasladado al Hospital de San José, sala de penados, donde presentaría niveles críticamente bajos de hemoglobina, requiriendo posiblemente transfusión sanguínea urgente. Sus familiares intentan viajar para verlo, pero hasta el momento no se les ha permitido establecer contacto claro ni con los médicos tratantes ni con los responsables del penal.
Exigencias de la familia
Los allegados de «El Chiqui», como se le conoce, exigen:
- Información médica precisa e inmediata sobre su estado
- Investigación transparente de cómo ocurrieron las lesiones
- Garantías de protección a su integridad física restante
- Acceso familiar directo o comunicación con personal médico
Llamado a las autoridades
La familia solicita la intervención inmediata del Ministerio del Interior (MININT), la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, la Fiscalía General de la República y la Dirección de Salud Provincial de La Habana.
«Reconocemos que si existía un delito, correspondía a la justicia determinarlo, no a la violencia», señalaron los familiares, subrayando que «ningún ser humano merece ser mutilado bajo custodia del Estado». El caso evidencia una vez más las opacas condiciones del sistema penitenciario cubano y la falta de transparencia en el manejo de incidentes graves dentro de sus instalaciones.
