Ciudadanos y miembros de iglesias denuncian que son obligados a canalizar todas las donaciones a través de los organismos estatales, bajo amenaza de desalojo y acción policial.
La indignación y la tensión se han apoderado de la ciudad de Las Tunas. Desde la Escuela “Rita Longa”, en la capital provincial, donde se encuentran albergadas familias que lo perdieron todo tras el paso del Huracán Melissa, se reporta que autoridades y custodios están impidiendo sistemáticamente que ciudadanos particulares y miembros de iglesias entreguen ayuda de manera directa a los damnificados.
Según testimonios recogidos en el lugar, las personas que han llegado con alimentos y donaciones, movidas por la solidaridad, están siendo obligadas a entregar todo “a través de los canales del régimen”, sin permitirles el contacto directo con quienes han sufrido la tragedia. Aquellos que, con enorme sacrificio personal, decidieron hacer lo que el Estado no ha logrado —llevar apoyo inmediato a los necesitados— ahora se enfrentan a amenazas de desalojo e incluso a la intervención policial, simplemente por intentar ayudar a su prójimo.
“No nos dejan ayudar. Todo lo quieren controlar ellos. Si damos la comida directamente a las familias, nos acusan y llaman a la policía”, denuncian testigos desde el albergue, en medio de una situación que continúa desarrollándose.
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Este episodio evidencia, una vez más, la preferencia del régimen por controlar y politizar la ayuda humanitaria, incluso a costa de alargar el sufrimiento de la población. Mientras las familias afectadas continúan necesitando asistencia urgente, la prioridad de las autoridades parece ser mantener un férreo control sobre todos los recursos, impidiendo los gestos espontáneos de humanidad y solidaridad ciudadana. El clamor que surge de la comunidad es claro: Cuba no necesita más control, necesita humanidad.
