La situación de los 15 mineros detenidos en Jobabo, Las Tunas, continúa siendo incierta tras 1 mes y 20 días de arresto sin que exista una explicación oficial ni se les presenten cargos claros.
La denuncia fue compartida por el perfil de Facebook La Tijera, que ha dado seguimiento al caso.
Los trabajadores fueron arrestados el 31 de julio de 2025 en la mina de oro del municipio Jobabo.
En un primer momento fueron trasladados a Instrucción en Las Tunas, y el 11 de agosto los llevaron al centro conocido como Típico Nuevo, donde permanecen hasta hoy incomunicados, sin visitas familiares ni información jurídica.
Entre los detenidos se encuentran Dannier Alejandro Ballagas Tejedas (23 años, residente en Camagüey) y Eddys Escriba Figueredo (49 años, residente en Jobabo), junto a otros 13 trabajadores de la mina.
Al menos tres de ellos tienen esposas que acaban de dar a luz y ni siquiera han podido inscribir a sus hijos por la ausencia de los padres.
La situación es aún más dramática para la esposa de Dannier, embarazada de seis meses, quien lanzó un grito de auxilio:
«“Estamos sin información, sin saber qué va a pasar. Es muy difícil ir y venir para buscar noticias. Necesitamos que se sepa lo que está pasando.”»
Mientras los mineros permanecen presos sin proceso legal visible, familiares denuncian la impunidad con que opera en la zona el hermano del jefe de la Policía de Jobabo, conocido como “Vivi”, quien presuntamente sigue trabajando y sacando oro de las minas sin ser molestado por las autoridades.
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Este contraste ha generado indignación entre los allegados de los detenidos, quienes denuncian un trato arbitrario y discriminatorio, donde los trabajadores más humildes pagan con cárcel mientras otros, vinculados al poder local, continúan lucrando de los recursos naturales del municipio.
El caso de los 15 mineros de Jobabo pone nuevamente en evidencia la falta de transparencia, la corrupción policial y la violación sistemática de derechos en Cuba, donde protestar o trabajar sin autorización estatal puede llevar a meses de cárcel sin juicio.
Familiares y activistas exigen respuestas inmediatas y justicia para los trabajadores, así como el fin de la impunidad de quienes, bajo el amparo del poder, continúan explotando los recursos del país.
