El proyecto de ley, presentado por la representante republicana Stephanie Bice y otros cinco congresistas, establece penas más severas para los inmigrantes ilegales condenados por reingresar al país tras haber sido expulsados previamente.
La propuesta incluye una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión para los que crucen la frontera de manera ilegal y sean condenados por delitos graves. Asimismo, eleva la pena máxima de reingreso ilegal de 2 a 5 años de prisión.
La medida es aún más dura para aquellos inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Los que hayan sido condenados previamente por un delito grave, o hayan reingresado al país al menos dos veces después de haber sido deportados, enfrentan una pena mínima de 10 años. Además, la ley contempla la posibilidad de cadena perpetua en casos extremos, como cuando se reingresa tras cometer delitos graves o tras múltiples intentos de reingreso.
La HR 3486 también tiene como objetivo frenar el contrabando de drogas a través de la frontera. La ley prevé penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que hayan sido condenados por tres o más delitos menores relacionados con drogas o que hayan sido expulsados tres veces.
El objetivo es frenar a los criminales más peligrosos, tales como asesinos, violadores, traficantes de niños, contrabandistas y narcotraficantes, quienes representan una amenaza considerable para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Según estos congresistas republicanos, la anterior administración demócrata permitió una “invasión sin precedentes” de inmigrantes ilegales, lo que aumentó el riesgo de actividades delictivas transnacionales.
En el último año, el 70% de los inmigrantes ilegales arrestados por reingreso tenían antecedentes penales, según datos oficiales. Casos como el de un agente de la Patrulla Fronteriza que fue gravemente herido en Nueva York en julio de 2023 por un inmigrante ilegal deportado y luego reingresado, resaltan la gravedad de la situación.
Otro incidente, ocurrido en diciembre de 2023, involucró a un inmigrante guatemalteco que, después de haber sido deportado en la administración Trump, regresó al país ilegalmente y fue acusado de un brutal asesinato.
El presidente Trump y su administración han manifestado un fuerte respaldo al proyecto de ley, argumentando que medidas como estas son necesarias para proteger la seguridad nacional y frenar el crimen organizado. “La mejor forma de disuadir a estos criminales violentos es la posibilidad de largas penas de cárcel”, declaró la OMB.
Si el proyecto de ley llega al escritorio del presidente Trump, se espera que lo firme sin reservas.














