Familiares del ministro de Comercio Exterior y sobrinos-nietos de Fidel Castro estudiarían en FIU, generando acusaciones de hipocresía y privilegios.
Una fuerte polémica ha estallado en redes sociales tras revelarse que Camilo y Ernesto Pérez Oliva, hijos del actual ministro de Comercio Exterior y primer viceministro de Cuba, Antonio Luis Pérez Oliva, estarían cursando estudios en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con supuestas becas que ascenderían a $25,000 mensuales.
Según denuncias difundidas por activistas y usuarios en plataformas digitales, los jóvenes son además nietos de Ángela Castro Ruz, hermana de los fallecidos líderes Fidel y Raúl Castro. Esta conexión familiar ha generado profunda indignación entre la comunidad del exilio cubano en Miami, que señala la contradicción de que familiares directos de la elite gobernante cubana disfruten de privilegios educativos en Estados Unidos mientras representan oficialmente a un gobierno que mantiene una retórica antinorteamericana.
El escándalo ha avivado un intenso debate sobre el contraste entre las condiciones de vida de la familia gobernante y las del cubano promedio. Mientras el régimen de La Habana responsabiliza al embargo estadounidense por las crisis económicas en la isla y llama constantemente al «sacrificio revolucionario», sus descendientes directos aparentemente disfrutan de oportunidades educativas y comodidades en el mismo país que su gobierno identifica como enemigo.
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Activistas y miembros de la comunidad cubanoamericana han denunciado que estas becas -de confirmarse- estarían muy lejos del alcance de estudiantes cubanos comunes, incluyendo aquellos que han huido del régimen buscando libertad y mejores oportunidades educativas. La situación ha sido calificada como un ejemplo más de lo que describen como «hipocresía estructural» que caracterizaría al poder en La Habana.
Aunque las acusaciones todavía requieren verificación oficial y no se han proporcionado documentos que confirmen los montos específicos de las becas, varias organizaciones del exilio han solicitado una investigación inmediata sobre el financiamiento educativo, los criterios de admisión aplicados y cualquier posible privilegio indebido en FIU.
Figuras políticas locales también han exigido que se determine si existen vínculos financieros o diplomáticos entre el régimen cubano y programas educativos estadounidenses que pudieran estar facilitando estos supuestos beneficios. Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, este episodio confirmaría una realidad dolorosa pero evidente: mientras la población general vive con apagones prolongados, escasez de productos básicos y represión política, los familiares de la cúpula gobernante disfrutarían sin reservas de las oportunidades que ofrece Estados Unidos.
