La ONG Foro Penal y la oposición responsabilizan al Estado tras la muerte del político de 55 años, quien llevaba más de un año detenido en El Helicoide acusado de «terrorismo».
La crisis política y de derechos humanos en Venezuela registró un nuevo y luctuoso capítulo este sábado con la muerte bajo custodia estatal del exgobernador opositor Alfredo Díaz. El político, de 55 años y exmandatario del estado Nueva Esparta, falleció en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como El Helicoide, donde se encontraba detenido desde noviembre de 2024, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de los delitos de «terrorismo» e «instigación al odio».
La noticia, dada a conocer por la ONG venezolana Foro Penal, generó una inmediata ola de indignación y condena por parte de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes responsabilizaron directamente al Estado por su fallecimiento. Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció en su cuenta de X (Twitter) que Díaz llevaba más de un año preso en condiciones de «aislamiento», con acceso extremadamente limitado a su familia y, según sus allegados, a atención médica adecuada.
Las denuncias: aislamiento, negligencia médica y un patrón de represión
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Los detalles que emergen pintan un cuadro de grave negligencia y posible tortura por aislamiento:
- Aislamiento prolongado: Romero destacó que Díaz estuvo «aislado» durante su detención, permitiéndosele solo una visita de su hija en todo ese tiempo. Esta táctica es frecuentemente denunciada como una forma de presión psicológica contra presos políticos.
- Negación de atención médica: El líder opositor Leopoldo López, también de Voluntad Popular (partido de Díaz), afirmó de manera contundente que el exgobernador «llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron». Esta acusación es central, ya que el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar la salud de las personas bajo su custodia.
- Causa oficial y escepticismo: Si bien fuentes opositoras indicaron que la causa oficial de muerte fue un «infarto fulminante», el contexto de su encarcelamiento hace que esta explicación sea recibida con profunda sospecha. La oposición sostiene que las condiciones carcelarias, el estrés del encierro y la falta de atención médica contribuyeron o causaron directamente su deceso.
La respuesta de la oposición: Un «crimen» del régimen y promesas de justicia
La muerte de Díaz ha unificado a la oposición venezolana en un coro de denuncia. A través de un comunicado conjunto, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia calificaron el hecho como revelador de un «patrón sostenido de represión estatal». Alertaron que Díaz es el séptimo preso político que muere en prisión desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una cifra que muestra la letalidad de la persecución.
- Responsabilidad exclusiva del Estado: «Su integridad y vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en El Helicoide. Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen», afirmaron Machado y González Urrutia.
- Promesa de no impunidad: Los líderes opositores se comprometieron a documentar «cada omisión y cada responsabilidad» y advirtieron que «no habrá impunidad», una promesa que apunta a un eventual proceso de rendición de cuentas en el futuro.
- Duelo y lucha: Leopoldo López expresó que la partida de Díaz «nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad».
El Helicoide: Símbolo de la represión
El lugar de la muerte no es casual. El Helicoide, la sede del Sebin, es un símbolo internacional de la represión política en Venezuela. Allí han sido recluidos numerosos opositores, activistas y militares disidentes, muchos de los cuales han denunciado torturas, tratos crueles y condiciones infrahumanas de detención. La muerte de Díaz dentro de sus muros refuerza su siniestra reputación.
La esposa del exgobernador, Leynys Malavé, plasmó en Instagram la desesperación y la búsqueda de respuestas con una pregunta desgarradora dirigida al Estado: «¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?». Su interrogante resume la desconfianza total en las instituciones y la percepción de que, en la Venezuela de Maduro, la cárcel puede ser una sentencia de muerte para quienes se oponen al gobierno.
La muerte de Alfredo Díaz no es un incidente aislado. Es un recordatorio brutal de los riesgos extremos que enfrentan los disidentes en Venezuela y de la estrategia del gobierno de utilizar el sistema judicial y penitenciario como herramientas para neutralizar, quebrar y, en casos como este, eliminar físicamente a la oposición.
Resumen: Alfredo Díaz, exgobernador opositor venezolano del estado Nueva Esparta, falleció mientras estaba bajo custodia del Sebin en El Helicoide, Caracas. Organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian que llevaba más de un año aislado, con acceso médico negado, y responsabilizan al Estado por su muerte, calificándola de «crimen». Es el séptimo preso político en morir en prisión desde las elecciones de julio de 2024.
Nota: Este fallecimiento enciende una nueva alarma sobre la sistemática violación de derechos humanos y el uso de la detención como arma de represión política en Venezuela, erosionando aún más la ya fracturada legitimidad del régimen de Maduro ante la comunidad internacional.
