Una denuncia anónima nos llega a LMS, que asegura proceder de trabajadores de los sectores del Deporte (INDER) y la Educación en el municipio Yara, provincia Granma, ha llegado a esta redacción. La queja expone un profundo malestar por la distribución del dinero por concepto de «inejecución presupuestaria», un proceso que, según los denunciantes, ha estado marcado por la opacidad, el favoritismo y la violación de normativas, generando una crisis de confianza en la dirección sindical y administrativa.

Puntos Clave de la Denuncia:
- Irregularidades en la Distribución de Fondos: El núcleo de la protesta es el reparto de los fondos de inejecución. Se denuncia que, mientras al colectivo general se le niega transparencia, se han aprobado «sumas por encima de 20 mil pesos» para dos individuos con medidas disciplinarias graves:
- Enequel Rosabal: Sancionado previamente por «ventas ilegales de gas y precios abusivos».
- Roberto Pérez: Sancionado por «resultados de trabajo», y señalado además por «valores perdidos en juegos ilegales, listero de bolitas y jugador de Dao».
Los denunciantes consideran que esto «estímula la indisciplina y desprotege al trabajador con resultados».
- Opacidad y Evasión de las Autoridades: Se reporta que las Asambleas Sindicales en el sector deportivo han sido suspendidas debido a la baja asistencia de trabajadores que se niegan a participar y a la ausencia reiterada de la Directora Municipal de Deportes, Tania Torres, quien habría delegado la situación en subordinados. En Educación, se critica que el Director Municipal, Yudiel Aguilar Blanco, haya creado una «comisión para oír criterios» como un mero trámite dilatorio, sin intención real de resolver el fondo del problema.
- Falta de Respuesta Institucional: La denuncia señala un vacío de representación. Los trabajadores «no se quieren afiliar al sindicato hasta que no se les dé respuesta». Además, acusan a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) de estar «ajena a esta situación», sin haber dado respuesta o acercado a las direcciones municipales afectadas.
- Exigencia de Auditoría Fiscal: Ante la presunta violación de la resolución que rige el proceso, los denunciantes exigen una «verificación fiscal del municipio». Alegan que la normativa «fue mal interpretada y violada» y que las autoridades «no se la quieren leer a los trabajadores». La consigna final es clara: «Si se violó la ley, que paguen por eso».

Contexto y Alcance:
Esta denuncia refleja un conflicto laboral y ético de gran calado a nivel local. Trasciende el descontento por un pago irregular para apuntar a problemas estructurales: arbitrariedad administrativa, falta de rendición de cuentas, debilitamiento extremo del sindicato como canal de defensa y una sensación de impunidad para funcionarios y trabajadores con antecedentes disciplinarios. El hecho de que se nombre a los directores (Tania Torres y Yudiel Aguilar Blanco) y se adjunten sus fotografías, indica una demanda pública de responsabilidad personal.
Resumen: Trabajadores del INDER y Educación en Yara denuncian un reparto opaco y favoritista de fondos por inejecución presupuestaria, premiando a empleados sancionados y evadiendo la transparencia, lo que ha provocado la desafección sindical y una exigencia de investigación fiscal.
Nota: El caso ejemplifica cómo los mecanismos de control interno y representación obrera (sindicato, CTC) pueden colapsar a nivel local, generando un caldo de cultivo para la corrupción, el descontento masivo y la pérdida total de credibilidad en las estructuras que deberían velar por la justicia laboral y la correcta administración de los recursos públicos.














