Un denunciante describe un sistema piramidal de sobornos, tráfico de influencias y abuso sexual, que protege negocios privados de altos funcionarios y sus familias.
La Habana, Enero de 2026. Una extensa y grave denuncia anónima entregada a nuestra redacción LMS acusa al cuerpo de inspectores provinciales de La Habana (DIP) de operar como una organización corrupta dedicada a la extorsión sistemática, el tráfico de influencias y el abuso de poder. La acusación central señala a su director, Miguel (identificado como ex director de Comunales Provincial y ex Director de Supervisión del gobierno provincial), como el operador clave de una red que protegería los intereses privados de la más alta dirigencia habanera.
Oficial del DTI De cerro Yaidel Leiva
🎯 El Núcleo del Sistema: Extorsión y Protección
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Según el denunciante, la estructura funciona de la siguiente manera:
- Origen del Poder: La Gobernadora de La Habana, Yanet, habría colocado a Miguel como Director Provincial de Inspección con un objetivo claro: «cuidar sus intereses y sus negocios privados», específicamente los de su hijo y otros proyectos de desarrollo local.
- Mecanismo de Extorsión: Miguel tendría «jefes de grupo» que deciden qué lugares se pueden inspeccionar y cuáles no, a cambio de dinero. Se afirma que recoge un total de un millón de pesos mensuales solo de las UBPC de los 15 municipios, sin contar lo recaudado de Mipymes y TCP (Trabajadores por Cuenta Propia).
- Abuso Sexual como Moneda de Cambio: Para que cualquier inspector municipal pueda ingresar al cuerpo provincial, debe tener relaciones sexuales con Miguel y con el funcionario del DTI (Departamento de Trabajo e Inspección) que atiende al cuerpo. Esta práctica sería generalizada.
- Enriquecimiento Ilícito Visible: La mayoría de los inspectores provinciales vivirían un nivel de vida inexplicable con sus salarios: casas propias, motos eléctricas, equipos costosos, joyas de oro (incluyendo dientes), peluquería de lujo y dos celulares. Además, pagarían alquileres altos (ejemplo: 25,000 pesos mensuales) y frecuentarían bares, fiestas y piscinas.
🔗 La Cadena de Corrupción y sus Actores Clave
Lídia Ismaray Perez Carrillo, Coordinadora de los Programas y objetivos del gobierno provincial de la Habana
Miguel Gutiérrez Lara Director provincial de inspección
Nombre del Ultimo No Especificado
La denuncia nombra a varios implicados y describe sus vínculos:
- Ismaray, Coordinadora del Gobierno Provincial: Se la señala como «la principal traficante de recursos». Estaría construyendo una casa en Playa con materiales desviados de Emprosur. Para ello, llamaría a Miguel para que ordene inspecciones que presionen al director del almacén, mientras oficiales del DTI (Rondón y Alfonso) llevan inspectoras (exigiendo que sean mujeres para abusar de ellas) a realizar «fachorias» (falsedades).
- Bárbara, Directora de Inspección Municipal de La Habana Vieja: Habría obtenido una vida de lujo (carro moderno, joyas por 2000 USD) al controlar todos los centros de inspección de su municipio (panaderías, TCP, Mipymes, restaurantes).
- Protección en la Cúpula: Se describe una cadena de protección piramidal: El Primer Secretario del PCC en La Habana cuida a la Gobernadora Yanet; Yanet cuida a Ismaray; Ismaray cuida a Miguel y a Bárbara; y ellos, a su vez, protegen los negocios privados de todos ellos en el casco histórico de La Habana Vieja. El DTI también cuidaría a los directores de la DIP para recibir beneficios.
Yosbania inspector provincial
Zamiri inspector províncial
Bárbara directora de la DIM Habana vieja
⚠️ Conclusión y Sensación de Impunidad
El denunciante sintetiza: «Todo es una corrupción». Y plantea la pregunta clave: ¿Quién puede intervenir?
- La respuesta pesimista que ofrece es: la Fiscalía Provincial, pero «tampoco hace nada porque Yanet la Gobernadora es quien manda, y el Primer Secretario».
- El mensaje final anuncia que esta es solo la «primera parte de esta gran película de la vida real», prometiendo más revelaciones.
Resumen: Se denuncia la existencia de una red mafiosa incrustada en la Dirección Provincial de Inspección de La Habana. Esta red, dirigida por un funcionario de confianza de la Gobernadora, operaría mediante la extorsión generalizada a negocios estatales y privados, el abuso sexual como requisito laboral y el tráfico de influencias para desviar recursos. El enriquecimiento ilícito de los miembros sería ostensible. La estructura se presenta como un sistema cerrado y protegido desde la máxima instancia política provincial, generando una sensación de total impunidad.
Nota: Las acusaciones aquí vertidas son de una gravedad excepcional, pues describen no actos aislados, sino la perversión completa de una institución estatal clave (la inspección) para convertirla en un instrumento de extorsión y protección de intereses privados de la élite gobernante. La mención de abuso sexual sistemático añade un componente de violación de derechos humanos a la corrupción económica. La naturaleza anónima de la denuncia, aunque comprensible por el temor a represalias, dificulta la verificación inmediata, pero la especificidad de los cargos, nombres y mecanismos descritos exige una investigación de la más alta instancia nacional, que trascienda a las autoridades provinciales señaladas como cómplices. Este relato refleja la percepción de una corrupción endémica y estructural en ciertos niveles de gobierno.
