La polémica ley SB 264, considerada discriminatoria por grupos de derechos civiles, prohíbe a ciudadanos de varios países, incluidos Cuba y China, adquirir inmuebles cerca de instalaciones sensibles.
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ha respaldado la implementación de la Ley SB 264 de Florida, una controvertida legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis que restringe la compra de propiedades por parte de ciudadanos de varios países considerados «adversarios extranjeros», entre ellos Cuba, China, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.
El fallo, emitido por el Undécimo Circuito de Apelaciones con sede en Atlanta con una votación de dos jueces a favor y uno en contra, representa una victoria significativa para la administración estatal. La ley, aprobada en 2023, prohíbe que la mayoría de ciudadanos chinos adquieran terrenos o inmuebles en un radio de 16 kilómetros de instalaciones consideradas estratégicas, como bases militares. Para ciudadanos de las otras naciones mencionadas, incluidos los cubanos, las restricciones les impiden comprar propiedades en áreas designadas si no cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión en redes sociales, declarando: «Ganamos en grande en la Corte de Apelaciones… defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista chino».
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La ley establece algunas excepciones. Las personas de estos países que posean visas distintas a la de turista, como visas de trabajo o de estudiante, pueden adquirir una única propiedad de hasta 8,000 metros cuadrados, siempre que esté ubicada a más de ocho kilómetros de cualquier instalación militar o crítica. Este margen se interpreta como una forma de permitir que algunos inmigrantes legales continúen invirtiendo en bienes raíces del estado.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA) han condenado enérgicamente la ley. Argumentan que es discriminatoria y evoca las leyes de exclusión de principios del siglo XX que prohibían a los inmigrantes asiáticos poseer tierras. Clay Zhu, presidente de CALDA, afirmó que la ley «explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos».
En un voto disidente, el juez Charles Wilson advirtió que esta legislación podría reavivar políticas de exclusión basadas en la nacionalidad y cuestionó la constitucionalidad de que un estado regule la inversión extranjera, una responsabilidad que tradicionalmente recae en el gobierno federal.
El impacto económico de la ley podría ser significativo. Florida es el estado líder en transacciones inmobiliarias con compradores internacionales, representando aproximadamente el 20% de todas las compras extranjeras de vivienda en EE.UU. La implementación de estas restricciones podría ralentizar el crecimiento del sector inmobiliario, particularmente en el sur de Florida, donde las inversiones extranjeras han sido un pilar económico. Mientras el gobierno de DeSantis presenta la ley como una medida de protección de la soberanía estatal, los críticos ven en ella una peligrosa estrategia de exclusión que estigmatiza a comunidades enteras por su origen nacional.
