La histórica resolución contra el embargo estadounidense podría perder apoyo internacional, marcando un punto de inflexión para el régimen de La Habana
La Habana se encuentra sumida en una tensión palpable a medida que se aproxima la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que exige el fin del embargo estadounidense. Este año, el escenario diplomático es excepcionalmente adverso para el régimen de Miguel Díaz-Canel. Las acusaciones, respaldadas por documentos de inteligencia y testimonios, de que miles de cubanos están combatiendo como mercenarios al servicio de Rusia en la guerra de Ucrania, han pasado de ser un rumor molesto a un argumento central en la ofensiva internacional de Washington.
Un cable interno del Departamento de Estado estadounidense, filtrado a la prensa, insta explícitamente a sus aliados a votar en contra o abstenerse, calificando a Cuba como «el segundo mayor contribuyente de tropas extranjeras a la agresión rusa». Esta presión amenaza con quebrar el respaldo casi unánime que La Habana ha cosechado durante décadas, poniendo en jaque su narrativa de víctima del «bloqueo».
La cancillería cubana ha respondido con un comunicado urgente, negando categóricamente cualquier participación en el conflicto y tachando las acusaciones de «difamatorias». Sin embargo, la abrumadora evidencia de medios internacionales y organizaciones como el proyecto ucraniano «Quiero Vivir», que ha identificado más de mil contratos de ciudadanos cubanos con el ejército ruso, socava la posición oficial. Este voto no solo medirá la postura internacional sobre el embargo, sino también el creciente aislamiento de un régimen cuyo principal relato geopolítico se resquebraja.
