Residentes del reparto Las Margaritas en Cotorro denuncian a Aloima, delegada de la circunscripción, por un patrón constante de provocaciones, agresiones y manipulación de recursos. Afirman que las víctimas terminan procesadas penalmente mientras la funcionaria goza de impunidad. El caso más reciente es la detención de una vecina a quien se le niega justicia a pesar de las pruebas.
Vecinos del reparto Las Margaritas, perteneciente al Consejo Popular Santa María y Rosario en el municipio Cotorro, La Habana, que prefieren mantener sus identidades en el anonimato por temor a represalias, han contactado a nuestra redacción para denunciar la situación que, según su testimonio, se vive bajo la influencia de la delegada de su circunscripción.
El denunciante describe un patrón de abuso de poder y provocaciones que, según su testimonio, ha afectado a múltiples familias del barrio.
«Hacemos un llamado urgente a la opinión pública, a las autoridades de La Habana y a la comunidad sobre la insostenible situación de abuso de poder, provocaciones e injusticia que estamos viviendo los vecinos del reparto Las Margaritas.»
La delegada Aloima: un patrón de provocaciones y abuso
El denunciante señala a la delegada de la circunscripción, identificada como Aloima, como la principal responsable de los conflictos.
«La delegada de nuestra circunscripción, Aloima, junto a su círculo familiar cercano, ha mantenido un patrón constante de enfrentamientos, provocaciones y alteración de la tranquilidad ciudadana con múltiples familias del barrio.»
«Abuso con los recursos del pueblo: manipulación en la distribución del agua»
El ciudadano denuncia que la delegada utiliza su cargo para favorecer a su círculo cercano en la distribución de recursos escasos.
«Abuso con los recursos del pueblo: manipulación y favoritismo en la distribución del agua mediante pipas en medio de la escasez que sufre el barrio.»
«Provocación y agresiones físicas: las víctimas terminan siendo las procesadas»
El denunciante afirma que los conflictos provocados por la delegada y su círculo terminan con las víctimas siendo procesadas penalmente.
«Provocación y agresiones físicas: conflictos provocados que terminan en violencia física, donde las víctimas terminan siendo las procesadas penalmente.»
«Denuncias ignoradas: el silencio y la inacción»
El ciudadano critica la falta de respuesta de las autoridades.
«Los vecinos redactamos, firmamos e hicimos entrega formal de un documento colectivo ante las instancias correspondientes del Gobierno y el Partido. La respuesta ha sido el silencio y la inacción.»
«Justicia para Anamelis Cáceres»
El denunciante relata el caso más reciente de abuso: la detención de una vecina que fue provocada y agredida.
«El caso más reciente es la arbitraria detención de la vecina Anamelis Fajardo, quien se encuentra detenida tras ser provocada y agredida abiertamente. Existen evidencias y videos que demuestran quién inició la confrontación. Exigimos que se revisen de forma imparcial las pruebas y que no se proteja la impunidad de un funcionario por el simple hecho de su cargo.»
«Pedimos que la Fiscalía y la Dirección Provincial intervengan»
El denunciante concluye su testimonio con una exigencia a las autoridades.
«Pedimos que la Fiscalía y la Dirección Provincial del Gobierno intervengan de manera imparcial y pongan fin a los atropellos en nuestra comunidad.»
Resumen:
Vecinos de Las Margaritas denuncian a la delegada Aloima por abuso de poder, provocaciones y manipulación de recursos. Señalan que las víctimas de sus agresiones son procesadas penalmente. El caso más reciente es la detención de una vecina, Anamelis, a pesar de existir pruebas de su inocencia.
Nota final:
La denuncia de los vecinos de Las Margaritas describe una situación de abuso de poder y corrupción en el municipio Cotorro. La delegada Aloima utiliza su cargo para manipular la distribución del agua, provocar conflictos y hacer que sus víctimas sean procesadas. El caso de Anamelis, detenida a pesar de existir pruebas, es el ejemplo más reciente de la impunidad que protege a esta funcionaria. La Fiscalía, la Contraloría y el gobierno municipal de Cotorro tienen la palabra.
