Un tribunal de apelaciones suspendió la medida, señalando que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado y no demostró cómo la regla promovería la seguridad vial.
Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. ha suspendido temporalmente la implementación de una norma impulsada por el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) que buscaba restringir severamente la obtención de licencias de conducir comerciales (CDL) por parte de inmigrantes. La medida, anunciada en septiembre, limitaría la elegibilidad exclusivamente a portadores de tres tipos específicos de visas, excluyendo a aquellos con permisos vencidos u otros estatus migratorios.
La corte determinó que el gobierno federal «no siguió el procedimiento adecuado al crear la nueva regla» y, fundamentalmente, «no explicó cómo la regla promovería la seguridad». El fallo citó datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes que indican que, si bien los inmigrantes representan aproximadamente el 5% de los titulares de licencias comerciales, solo están involucrados en el 0.2% de los accidentes fatales, una estadística que contradice la justificación de seguridad presentada por la administración.
La creación de esta normativa fue impulsada en gran medida por un trágico accidente en Fort Pierce, Florida, donde Harjinder Singh, un inmigrante indio, fue acusado de provocar un choque con un camión que resultó en tres muertes. Sin embargo, el tribunal consideró que este caso aislado no proporcionaba evidencia suficiente para justificar una restricción generalizada que afectaría a miles de conductores.
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La decisión judicial representa un desafío para estados como Florida, que ha mantenido una postura dura en materia de inmigración y había presionado por medidas más estrictas. El estado se enfrenta ahora a un dilema: por un lado, su postura política restrictiva; por otro, la necesidad práctica de contar con conductores en un sector que ya sufre escasez de mano de obra, crucial para industrias como la agricultura, el comercio y el turismo.
El DOT había estimado que la nueva norma descalificaría a aproximadamente 10,000 de los 200,000 inmigrantes que actualmente poseen licencias comerciales. Mientras que grupos como la Asociación de Conductores Propietarios-Operadores Independientes apoyaron la medida, argumentando que garantizaría que solo personas calificadas obtuvieran la licencia, la suspensión judicial deja en un limbo regulatorio a los estados y permite que miles de conductores inmigrantes continúen renovando y manteniendo sus licencias bajo las reglas anteriores mientras se resuelve el litigio.
El fallo no elimina permanentemente la norma, pero congela su implementación, subrayando la necesidad de que las políticas restrictivas se basen en procedimientos legales adecuados y en datos objetivos, no en casos aislados o percepciones. La controversia entre política migratoria, seguridad vial y necesidades económicas nacionales está lejos de concluir.
