En la UEB número 16 de Jucarito, perteneciente al CAI José Manuel Capote Sosa, los trabajadores denuncian que sus equipos agrícolas fueron desmantelados y vendidos ilegalmente. Los responsables, con nombres y apellidos, operan protegidos por el director Ángel Luis Tamayo Yero, la primera secretaria del PCC en Granma, el sindicato y el grupo del arroz en La Habana. Exigen una auditoría y que se investigue el paradero de la maquinaria desaparecida.
Un grupo de trabajadores de la UEB número 16, ubicada en Jucarito y perteneciente al CAI arrocero José Manuel Capote Sosa, en el municipio Río Cauto, Granma, ha denunciado una sistemática red de corrupción que ha llevado al desguace y venta ilegal de la maquinaria agrícola de la entidad. Los denunciantes, que afirman haber acudido a todas las instancias provinciales sin obtener respuesta, exigen ahora que se haga pública su situación y que las autoridades competentes actúen.
Los responsables directos: dos hermanos en cargos clave
La denuncia identifica a los principales responsables en la UEB:
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- Jorge Luis Álvarez Márquez: Director de la UEB número 16, nombrado por «Quintyn».
- Roberto Álvarez Márquez: Hermano del director, jefe de maquinaria de la entidad.
Ambos ocupan «cargos claves y fundamentales» para entender lo que ocurre en la unidad.
Los hechos: equipos en perfecto estado, vendidos por piezas
Los trabajadores denuncian que sus equipos agrícolas, que habían sido «parqueados en perfecto estado», fueron desmantelados y vendidos de manera ilegal. Los nombres de los trabajadores afectados son:
- Elio Fuentes Avilés
- Wilian Traba Miranda
- Luis Enríquez Ferrales Traba
- Gaudencio González Ferrales
- Dagoberto Quezada
- Enrique González Pérez
- Rigoberto Guerra Vallejo
El modus operandi fue el siguiente: primero les sacaron el aceite de los motores, supuestamente por una indicación de «Yero», un funcionario del gobierno. Tres meses después, cuando los trabajadores regresaron a la entidad, descubrieron que los equipos «ya los estaban vendiendo por piezas: motores de arranque, alternadores, entre otras piezas».
La red de protección: desde el director hasta La Habana
Los denunciantes afirman que han acudido a todas las instancias sin obtener respuesta:
- El director de la empresa, Ángel Luis Tamayo Yero.
- El consejo de dirección de la empresa.
- El comité provincial del Partido Comunista en Granma.
- El sindicato de trabajadores de la provincia.
- El órgano de trabajo.
- Varios cuadros del Grupo del Arroz en La Habana.
«Nadie se ocupa de tramitar la realidad de estos hechos y los inculpados gozan de total protección por varias entidades del estado», sentencian.
El saqueo generalizado: camiones, implementos y recursos financieros
La denuncia afirma que lo mismo ocurre con todos los recursos estatales de la entidad:
- «Todos los camiones marca Kamaz entraron caminando a la empresa y también los han vendido por piezas».
- Lo mismo ocurre con los implementos agrícolas.
- Faltan equipos agrícolas y de transporte cuyo destino se desconoce, porque «fueron comercializados de manera ilegal».
La auditoría que puede probarlo todo
Los trabajadores exigen que se solicite el resultado de una auditoría realizada por Ana Rosa, vecina de Cauto Embarcadero, quien «puede aportar elementos probatorios para demostrar los hechos que denunciamos».
El papel de Yudelkis Ortiz y otros funcionarios
La denuncia señala directamente a la primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, y a otros funcionarios:
- «La secretaria del comité provincial del partido en granma que diga por qué escondió las denuncias relacionadas con este particular».
- Lo mismo se exige al funcionario que atiende la esfera agraria, a Egdier Galán Jiménez, a la especialista en atención a la población, y a las direcciones de sindicato y trabajo.
Los denunciantes recuerdan un principio básico: «Ningún funcionario público puede ocultar o retrasar una denuncia que esté en el límite de sus competencias». Y eso, afirman, es exactamente lo que ha ocurrido.
El caso del molino arrocero: un sobrino protegido
La denuncia añade un elemento adicional sobre el molino arrocero de Jucarito:
- El director saliente se llama Wilian, y es sobrino del segundo secretario del Partido en Granma.
- En el momento de su entrega, sustrajo documentación de manera ilegal.
- Su tío, Galán Jiménez, decidió «esconder todos los documentos que llegan al partido provincial».
Estos vínculos familiares, según los denunciantes, han dado «un nivel de protección a estos dirigentes de dicha entidad ubicada en Jucarito». La relación entre Ángel Luis Tamayo, Wilian y Galán, bajo el paraguas de la secretaria del Partido, «los convierte en figuras emblemáticas en el mundo de la corrupción».
Resumen: Trabajadores de la UEB número 16 de Jucarito, en el CAI arrocero José Manuel Capote Sosa, denuncian que sus equipos agrícolas en perfecto estado fueron desmantelados y vendidos ilegalmente por piezas. Los responsables son los hermanos Jorge Luis y Roberto Álvarez Márquez, protegidos por el director Ángel Luis Tamayo Yero, la primera secretaria Yudelkis Ortiz, el sindicato, el ministerio de trabajo y el grupo del arroz en La Habana. Camiones, implementos y recursos financieros han corrido la misma suerte. Exigen que se presente la auditoría de Ana Rosa y que se investigue el paradero de la maquinaria. Denuncian además que Wilian, sobrino del segundo secretario del Partido, sustrajo documentos y está protegido.
Nota: Este caso es uno de los más graves denunciados en Granma. No se trata de pequeñas corruptelas, sino del desmantelamiento sistemático de una unidad productiva.
