La Seguridad del Estado cubana ha intensificado su campaña de desprestigio contra José Ramón Viñas Alonso, líder masón crítico del régimen. Esto se manifiesta en una ofensiva mediática y judicial, con acusaciones de corrupción que muchos consideran un pretexto para silenciar su disidencia, tras años de tensiones por su postura crítica frente al régimen y su defensa de la autonomía de la masonería.
La campaña de desprestigio contra Viñas Alonso
Recientemente, un texto anónimo comenzó a circular en redes sociales y medios afines al gobierno, acusando a Viñas de malversación de fondos y vínculos con logias extranjeras «irregulares». Según sus defensores, estas acusaciones forman parte de una estrategia de difamación para deslegitimar su liderazgo.
Viñas, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, ha sido un crítico abierto de la injerencia estatal en la masonería cubana. Su oposición a la represión del 11J y a la invasión rusa de Ucrania lo han convertido, según fuentes masonas, en un objetivo clave para el régimen.
Represión y acusaciones judiciales
En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia lo destituyó e impuso a Lázaro Cuesta Valdés como su sustituto. A principios de agosto, Viñas fue interrogado por la Seguridad del Estado y acusado de «tráfico de divisas» por transacciones internas dentro de la orden para cubrir gastos del Asilo Nacional Masónico. Sus hermanos masones denuncian que la causa es un pretexto para eliminarlo.
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La situación de la masonería cubana es compleja, con destituciones y expulsiones de líderes independientes. La campaña contra Viñas refleja la creciente presión del régimen sobre cualquier organización que cuestione su autoridad.
El escritor y masón Ángel Santiesteban-Prats denunció la situación y pidió solidaridad internacional. El Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares, advirtió que la comunidad masónica no permitirá que el gobierno la controle.
