Un profesor del municipio Bartolomé Masó, Granma, denuncia que los trabajadores por cuenta propia y las mipymes se niegan sistemáticamente a aceptar pagos por transferencia, o condicionan su aceptación a un recargo de hasta el 30%. Su salario se deposita en tarjeta, pero no puede extraer efectivo porque los bancos no tienen dinero, y este mes aún no ha cobrado. Las compras online también tienen recargos de hasta el 20%, y cuando algún comercio acepta transferencia, limita la compra a una libra por producto. “¿Dónde está la Contraloría? ¿Qué papel juegan los inspectores? ¿Hasta cuándo la impunidad?”, se pregunta.
Un profesor del municipio Bartolomé Masó, Granma, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, ha contactado a nuestra redacción para denunciar la situación que enfrentan los consumidores del territorio ante la negativa de los comercios a aceptar transferencias bancarias.
El denunciante describe un sistema donde los trabajadores no pueden acceder a su propio dinero, y cuando intentan usarlo, se enfrentan a recargos abusivos o a la negativa directa de los vendedores.
“¿Por qué en la plaza de Masó, tanto en los carros de los TCP como en los puestos de las Mipymes, no se acepta transferencia?”
“Vivo de mi salario que no es abundante y encima tengo que pagar un sobrecargo de hasta un 30%”
El profesor explica que, para poder comprar productos básicos, se ve obligado a recurrir a intermediarios que le cambian el dinero de su tarjeta por efectivo, cobrándole un alto porcentaje.
“Vivo de mi salario que no es abundante y encima tengo que pagar sobrecargo de hasta un 30% en ocasiones para poder obtener el efectivo.”*
Compras online con recargo y límites abusivos
El denunciante señala que las compras a distancia también son víctimas de la especulación.
“Si realizas compras online, entonces te cobran hasta un 20% por encima del precio del producto.”*
Cuando algún comercio acepta la transferencia, impone condiciones que impiden una compra familiar.
“Algunos aceptan transferencia, pero limitan la compra a una libra por producto o un solo producto. No se puede comprar productos de primera necesidad por transferencia, como arroz, carne de cerdo, aseo y medicinas.”*
“¿Cómo puedo subsistir y alimentar mi familia teniendo dinero en mi tarjeta?”
El ciudadano plantea una pregunta que refleja la desesperación de los trabajadores.
“¿Entonces cómo puedo subsistir y alimentar mi familia teniendo dinero en mi tarjeta?”*
“El salario de este mes no lo he recibido porque no hay efectivo en los bancos”
El profesor añade que el problema de liquidez también impide el cobro de los salarios.
“Sin hablar de que el salario de este mes no lo he recibido porque no hay efectivo en los bancos del municipio.”*
“¿Dónde está la Contraloría? ¿Qué papel juegan los inspectores?”
El denunciante concluye con una serie de preguntas dirigidas a las autoridades.
“Todo es de conocimiento de la dirección del Partido, el gobierno y la ONAT de Masó. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Qué papel juegan los inspectores? ¿Hasta cuándo la impunidad de los actores económicos? ¿Dónde quedan mis derechos como ciudadano?”*
Resumen:
Un profesor de Bartolomé Masó denuncia que no puede comprar con su salario porque los TCP y Mipymes no aceptan transferencias o cobran recargos de hasta el 30%. Las compras online tienen recargos de hasta el 20%, y los comercios que aceptan transferencia limitan la compra. El salario de este mes no lo ha cobrado porque los bancos no tienen efectivo. Pregunta por la Contraloría, los inspectores y sus derechos.
Nota final:
El profesor de Bartolomé Masó tiene su salario en la tarjeta. Pero no puede comprar arroz, ni carne, ni medicinas para su familia. Los TCP no aceptan transferencia. Las Mipymes tampoco. Los que aceptan, le cobran un 30% más. Las compras online le cobran un 20% más. Y su salario de este mes no lo ha cobrado porque los bancos no tienen efectivo. El profesor pregunta dónde está la Contraloría. Dónde están los inspectores. Cuándo terminará la impunidad.
Las autoridades del Banco Central de Cuba, la Contraloría y el gobierno municipal de Bartolomé Masó tienen la palabra.
