Un juez federal ordenó al gobierno de Trump que otorgue a los venezolanos tiempo adicional para reinscribirse en el Estatus de Protección Temporal (TPS) después de que el sitio web del gobierno dejara de funcionar el día de la fecha límite.
El juez federal de distrito Edward Chen ordenó el jueves por la noche que el Departamento de Seguridad Nacional active el portal de inscripción durante al menos un día adicional para que los beneficiarios puedan inscribirse nuevamente para sus protecciones contra la deportación y permisos de trabajo bajo el TPS.
La agencia debe hacerlo dentro de los próximos dos días hábiles y también avisar con al menos cuatro horas de anticipación antes de activar el portal, dictaminó Chen, quien también ordenó al departamento que actualice su sitio web para reflejar su reciente fallo que impide a Trump finalizar el programa.
“Sin dicha acción, la sentencia que anula la acción de la Secretaria carecerá de sentido”, escribió Chen. La orden se produjo después de que los beneficiarios del TPS y sus abogados no pudieran completar el proceso en el portal oficial para reinscribirse el 10 de septiembre porque Venezuela ya no figuraba como país designado. A principios de este mes, Chen dictaminó que la administración Trump debe acatar la extensión del programa otorgada por Biden y mantener el TPS para más de medio millón de beneficiarios venezolanos hasta octubre de 2026, siempre que los venezolanos se reinscriban antes de esa fecha límite. Hasta la tarde del viernes, la página web del Departamento de Seguridad Nacional para el TPS de Venezuela no reflejaba la orden de Chen. En cambio, un banner prominente en la parte superior citaba la decisión de mayo de la Corte Suprema que anuló una orden preliminar que Chen había emitido en marzo para mantener las protecciones vigentes. Chen dio a DHS hasta las 5 p.m. del viernes para actualizar el sitio web e indicar que la extensión otorgada por Biden seguía vigente.
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Durante una audiencia de emergencia sobre los problemas del sitio web, el gobierno alegó que una falla técnica era la causa. En una moción separada en respuesta a la orden de los demandantes solicitando el cumplimiento de la orden de Chen, el gobierno argumentó que, dado que Chen no había presentado una orden judicial que estableciera que la orden que mantenía el TPS hasta 2026 entraba en vigor de inmediato, esta no entraría en vigor hasta dentro de un mes. Chen ya ha aclarado que el efecto de su fallo fue inmediato. Varios abogados del sur de Florida afirmaron que el miércoles no pudieron reinscribir a sus clientes, quienes ya eran beneficiarios, y que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional reflejan un incumplimiento de las órdenes de Chen. “Es claramente ilegal y una gran preocupación”, declaró al Herald Emi MacLean, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y abogada de los demandantes venezolanos. Durante una conferencia de prensa el miércoles, Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDJ) y abogada de los demandantes venezolanos, afirmó que “si los tribunales federales no pueden cumplir la función de proteger los derechos individuales cuando el gobierno los priva ilegalmente, este país se encuentra en una grave crisis”. El Departamento de Seguridad Nacional negó la afirmación, argumentando en una moción judicial que era “falso” que el gobierno ignorara las órdenes del tribunal y calificó las acusaciones de “infundadas”.
Los últimos acontecimientos forman parte de una feroz batalla legal. Después de que la administración Trump decidiera cancelar el TPS para unos 350.000 venezolanos, siete beneficiarios, junto con la Alianza Nacional TPS, demandaron a la administración Trump. En marzo, Chen emitió una orden preliminar que bloqueaba la suspensión. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la decisión en mayo a la espera del litigio, aunque no se pronunció sobre los méritos de la demanda. En agosto, un tribunal de apelaciones confirmó la orden original de Chen. El 5 de septiembre, Chen emitió su reciente fallo, que mantiene vigentes las protecciones contra la deportación, solo días después de que la administración Trump decidiera cancelar el TPS para un segundo grupo de unos 252.000 venezolanos. Abogados del sur de Florida advirtieron que, si el caso llega de nuevo a la Corte Suprema y los principales jueces del país se ponen del lado de la administración Trump, los venezolanos que solo cuentan con la protección del TPS y no tienen ningún otro proceso migratorio en curso podrían encontrarse indocumentados y con tiempo acumulado ilegal en Estados Unidos, lo que los expondría a la prohibición de entrar al país durante años y a la inelegibilidad para ciertas visas. La administración Trump ya apeló el fallo del juez Chen. Argumentó que ningún tribunal de apelaciones ha permitido que los tribunales de distrito bloqueen las facultades del secretario de Seguridad Nacional bajo el TPS desde la decisión de la Corte Suprema en mayo. También citó otra decisión de la Corte Suprema de principios de este año que limita la facultad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
Sin embargo, esta semana el juez Chen rechazó la solicitud del gobierno de suspender su orden, desestimando el argumento de que un retraso en la acción de la agencia provocaría un “daño irreparable”. Según Chen, el gobierno no logró presentar ni sustentar evidencia alguna de dicho perjuicio, y añadió que “no existen pruebas fundamentadas de que la permanencia de [los venezolanos] en el país, amparados por el TPS, represente una amenaza para Estados Unidos”.
