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Un juez federal emitió este lunes una decisión dividida en uno de los casos legales que enfrenta el polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”.
La resolución desestimó parte de las reclamaciones de los demandantes, pero mantuvo en pie otras acusaciones que ahora deberán resolverse en una jurisdicción distinta.
La demanda inicial: acceso a abogados y audiencias judiciales
El caso fue presentado el 16 de julio, pocas semanas después de que los primeros migrantes fueran trasladados al centro.
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En su querella, un grupo de detenidos alegó que no tenían acceso confidencial a sus abogados ni a audiencias en cortes de inmigración, lo que a su juicio violaba sus derechos fundamentales.
Durante una audiencia celebrada en Miami, los abogados de derechos civiles solicitaron una orden judicial preliminar que obligara a la instalación a garantizar reuniones privadas con sus defensores legales y a facilitar audiencias judiciales.
Según afirmaron, “los abogados han sido incapaces de acceder, y mucho menos identificar, el tribunal adecuado para esas audiencias”.
El giro con la designación de Krome
En un fallo de 47 páginas -citado por la agencia AP- el juez de distrito Rodolfo Ruiz sostuvo que la situación cambió sustancialmente después de que la administración de Donald Trump designara el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, como sede para tramitar los casos de todos los detenidos en “Alligator Alcatraz”.
Ese cambio, explicó el magistrado, dejó sin efecto la principal queja de los demandantes: la ausencia de un tribunal de inmigración competente.
“Mucho ha cambiado desde la presentación de la demanda”, escribió Ruiz, recordando que la acción civil había sufrido modificaciones constantes.
“Casi todos los aspectos de la acción civil de los demandantes -sus causas de acción, sus hechos en apoyo, sus teorías de lugar, sus argumentos sobre el fondo y sus solicitudes de alivio- han cambiado con cada presentación”, añadió.
Con ese razonamiento, Ruiz desestimó las alegaciones vinculadas a la falta de acceso a audiencias y abogados, al considerar que han perdido vigencia.
Jurisdicción en disputa
Otro punto clave fue la discusión sobre la jurisdicción. El centro de detención está situado en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado de Miami-Dade, pero físicamente se encuentra dentro del condado de Collier, que pertenece al Distrito Central de Florida.
El estado y el gobierno federal argumentaron que, por esta razón, el Distrito Sur -donde se presentó la demanda- no era el foro adecuado.
El juez Ruiz coincidió con esa posición y ordenó el traslado del caso.
¿Qué parte de la demanda sigue viva?
Si bien Ruiz desestimó las acusaciones principales sobre acceso a representación legal y audiencias, el magistrado dejó abierta la vía para que los demandantes continúen con otra parte de sus reclamos: las presuntas violaciones de la Primera Enmienda.
Estas denuncias, relacionadas con limitaciones a la comunicación y expresión de los detenidos, serán examinadas en el Distrito Central de Florida, a donde el juez remitió el caso.
Otra batalla legal: Las demandas ambientales
El panorama judicial de “Alligator Alcatraz” se complica aún más por un proceso paralelo.
Organizaciones ambientalistas y la comunidad indígena miccosukee demandaron para frenar la construcción y expansión del centro hasta que cumpla con la legislación federal ambiental.
En ese expediente, la jueza federal Kathleen Williams, con sede en Miami, ordenó el pasado 7 de agosto una pausa temporal de 14 días en las obras.
Los testigos declararon la semana pasada y se espera un fallo antes de que expire la medida cautelar. Williams aún no ha decidido si ese caso también debe trasladarse a otra jurisdicción.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.
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