La más reciente intervención del ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, deja en evidencia el agotamiento del modelo económico cubano. Durante un encuentro en Matanzas, el funcionario instó a las empresas del sector a “resolver sus dificultades con trabajo e inteligencia”, un discurso que, lejos de ofrecer soluciones concretas, equivale a decirles que se las arreglen por su cuenta en un país marcado por trabas burocráticas, regulaciones asfixiantes y una crisis estructural que el propio Estado no ha sabido resolver.
El llamado del ministro a “producir sin subsidios y sin pérdidas” suena más a imposición que a estrategia. Sin acceso estable a materias primas, con equipos deteriorados y sin divisas para reponer piezas, la exhortación resulta una contradicción evidente: ¿cómo se supone que empresas quebradas e intervenidas por el exceso de centralización puedan generar resultados eficientes?
El encuentro, reportado por Radio 26, dejó al descubierto que los principales problemas son los mismos de siempre: falta de insumos, de repuestos y de liquidez. Sin embargo, en lugar de reconocer que estas carencias responden al fracaso del sistema, el discurso oficial insiste en trasladar la responsabilidad a los directivos locales, obligándolos a improvisar soluciones en un escenario donde la planificación centralizada ahoga la creatividad y limita cualquier margen de maniobra.
La retórica de López Díaz tampoco escapa a la ironía: por un lado, admite que la empresa estatal socialista ya “no es hegemónica” y que debe coexistir con el sector privado; pero por otro, mantiene la presión para que estas mismas empresas estatales funcionen sin recursos y compitan en condiciones de desventaja frente a actores no estatales, quienes también enfrentan controles excesivos, impuestos desmedidos y restricciones en el acceso al mercado internacional.
La apelación a la “inteligencia” empresarial suena vacía si no se acompaña de cambios estructurales. Mientras las regulaciones continúen bloqueando la importación directa de insumos, encadenamientos productivos reales y mecanismos de financiamiento más flexibles, cualquier exhortación se queda en frases de propaganda.
Además, la insistencia en eliminar subsidios contrasta con la realidad de un pueblo que sufre el encarecimiento de los alimentos y la escasez crónica. Si las empresas estatales no reciben apoyo, terminarán trasladando sus pérdidas al consumidor final, profundizando la desigualdad y encareciendo aún más la canasta básica.
Este discurso, que se repite en diferentes sectores, es una muestra clara de la impotencia del Gobierno para proponer soluciones concretas. Se habla de “soberanía alimentaria”, pero la dependencia de importaciones sigue siendo enorme; se habla de “eficiencia”, pero el propio sistema impide la autonomía real de las empresas; se pide “inteligencia”, pero se castiga cualquier intento de innovación fuera del marco oficial.
En la práctica, lo que se está imponiendo es un “sálvese quien pueda” institucionalizado: cada empresa que busque sobrevivir como pueda, sin esperar respaldo del Estado. Una fórmula que, más que resolver los problemas, confirma la incapacidad de un modelo que lleva décadas acumulando fracasos.
