Un ciudadano anónimo señala que los inspectores del Ministerio de Finanzas y Precios “se compran de todo y casi todos tienen motos eléctricas y hasta carro”. Investigaciones de 2025 y los primeros meses de 2026 confirman el patrón: en Sancti Spíritus recibían sobornos de hasta 10,000 pesos mensuales; en La Habana se han documentado multas de más de 30,000 pesos y denuncias de extorsión. En Baire, Santiago de Cuba, un revendedor de pan murió de un infarto tras ser multado con 16,000 CUP. El gobierno reconoció que los inspectores tienen “salarios extremadamente bajos” y anunció un sistema de pago por resultados, lo que los denunciantes interpretan como un premio a la labor represiva.
Un ciudadano ha contactado a nuestra redacción para denunciar la corrupción generalizada dentro del cuerpo de inspectores integrales en Cuba, pertenecientes al Ministerio de Finanzas y Precios pero subordinados a los gobiernos provinciales.
El denunciante es contundente:
“Los inspectores integrales en Cuba están corruptos y viven mejor que los intendentes de los municipios y provincias. Se compran de todo y casi todos tienen motos eléctricas y hasta carro.”
Su testimonio no es un caso aislado. Investigaciones periodísticas independientes publicadas entre 2025 y los primeros meses de 2026 confirman un patrón de corrupción, abuso, enriquecimiento ilícito y, en al menos un caso, desenlace fatal.
Los hallazgos de la investigación: corrupción documentada en Sancti Spíritus (2025)
Una investigación publicada en agosto de 2025 por el medio comunitario El Espirituano (ICLEP) destapó una red de corrupción en la provincia de Sancti Spíritus.
Según el reportaje, inspectores estatales se confabulaban con comerciantes locales a cambio de sobornos para evadir controles fiscales:
“Inspectores reciben jabas con alimentos y otros productos, así como sumas mensuales de dinero superior a los diez mil pesos, por informarle con tiempo a varios comerciantes y dueños de mipymes sobre los controles fiscales que realizará el gobierno y así cerrar temporalmente y evitar las multas por violación de los precios de venta.”
Un residente de Sancti Spíritus, Eduardo Torres Lunas, declaró al medio:
“Es una mafia organizada lo que hay entre inspectores y comerciantes. Se avisan cuando hay controles y cierran durante esos días para evitar que los multen por los precios alterados de las ventas que hacen, y a cambio los inspectores salen con las jabas y bolsillos llenos.”
Olivia Salgado Cortés, funcionaria del Grupo Municipal de Supervisión, confirmó al medio que se han detectado “varios casos de inspectores sobornados por comerciantes”.
Multas abusivas: de 36,000 a 42,000 pesos por faltas menores (2025)
Varios medios independientes documentaron cómo los inspectores integrales imponen multas desproporcionadas que arruinan a los trabajadores cubanos.
El caso de Tania (mayo de 2025, La Habana):
Una mujer que trabajaba en un kiosco fue multada con 36,000 pesos por dos infracciones menores: fumar dentro del local (en la parte trasera, donde solo se vendían productos envasados) y llevar una cadena al cuello. El salario mínimo en Cuba ronda los 3,000 pesos mensuales. La multa equivalía a un año de salario.
Tania y su familia tocaron “muchas puertas” para apelar. Lo único que consiguieron fue una rebaja a 18,000 pesos —seis meses de salario—, aún “demasiado alta para sus ingresos”.
El artículo cuestiona:
“¿Hasta qué punto se están aplicando las leyes con justicia y sentido común? ¿Ameritaba ese monto? ¿Hubo una advertencia previa?”
Las multas en Holguín (junio de 2025):
Un reportaje de Diario de Cuba documentó denuncias de trabajadores por cuenta propia en Holguín, donde las multas alcanzan los 42,000 pesos por faltas menores.
Un trabajador de una cafetería en Holguín declaró:
“Son los hijoeputas más dañinos que tiene este país. Son los torturadores de esta dictadura. ¿Hay tortura más grande que una multa de 42,000 pesos como está la vida en Cuba?”
Dixan, dueño de un negocio privado, añadió:
“Son las ratas de alcantarilla más detestables de este Gobierno. Los inspectores enseguida se vuelven fieras y ponen multas por cualquier cosa. Es lo que más nos golpea, lo que más daña a la gente.”
Las cifras oficiales confirman el abuso:
En los primeros cuatro meses de 2025, solo la provincia de Holguín recaudó 72 millones de pesos por concepto de multas, promediando 18 millones por mes. La cifra contrasta con 2022, cuando en Holguín se recaudaron 24 millones de pesos en todo el año.
El medio señala que este incremento “refleja el insoportable nivel de acoso de que son víctimas los negocios privados”.
El gobierno premia a los inspectores con “pago por resultados” (diciembre de 2024)
En diciembre de 2024, el primer ministro Manuel Marrero anunció ante la Asamblea Nacional que a partir de enero de 2025 se implementaría un sistema de pago por resultados para los inspectores integrales y el personal de las Oficinas de Control y Cobro de Multas.
Marrero justificó la medida como necesaria para “hacer justicia con los inspectores”, quienes perciben “un salario extremadamente bajo”.
Sin embargo, el medio Diario de Cuba interpreta la medida de forma muy distinta:
“La medida es vista más como un premio a la labor represiva que ejecutan los inspectores, encaminada a recoger dinero circulante y a penalizar al sector privado, recurrente chivo expiatorio para desviar la atención sobre las consecuencias de las fallas gubernamentales.”
La contradicción es evidente: mientras los inspectores reciben bonificaciones por “resultados” (léase: por multar más), los trabajadores y pequeños empresarios ven cómo sus ganancias de semanas o meses desaparecen en una sola multa.
Actualización 2026: los casos más recientes (enero – abril de 2026)
La situación no ha mejorado en 2026. Por el contrario, se han documentado casos aún más graves, incluyendo una muerte, falsos inspectores y una ofensiva de control sin precedentes.
1. Vendedor muere de un infarto tras ser multado (4 de marzo de 2026, Baire, Santiago de Cuba)
El caso más dramático y reciente. Rodisbel Álvarez, un revendedor de pan conocido en su comunidad por “luchar” el sustento diario, falleció de un infarto poco después de que inspectores le impusieran una multa de 16,000 pesos cubanos. Vecinos e internautas describen la cifra como “imposible de pagar” para alguien que vive de vender pan de manera informal.
El medio Cuballama documenta que no es el primer caso:
- En Las Tunas (2022), Ángel Pacheco Soublet, excombatiente de Angola de 83 años, se suicidó tras recibir una multa de 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla.
- En Mayarí, Holguín (2021), Jorge Cachón Martínez se quitó la vida luego de recibir dos multas por un total de 7,000 pesos.
Los comentarios en redes sociales reflejan la indignación popular:
“La multa fue el hecho concreto. El infarto fue el final.”
2. Falso inspector capturado en Plaza, La Habana (31 de marzo de 2026)
Apenas hace 10 días, en el municipio Plaza de La Habana, fue capturado un falso inspector que se hacía pasar por el director municipal de Higiene y Epidemiología para estafar a negocios privados. Fue atrapado por la comunidad con apoyo de la PNR.
Este caso es especialmente relevante porque demuestra que la figura del inspector tiene tanto poder que los estafadores se hacen pasar por ellos para extorsionar.
3. Ofensiva masiva de inspecciones: 7,000 inspectores y 13 millones en multas en dos días (3 de abril de 2026)
El Primer Ministro Manuel Marrero informó ante la Asamblea Nacional que se han habilitado más de 7,000 inspectores (esperan llegar a 20,000). En solo dos días se realizaron 11,891 inspecciones, detectándose 4,954 violaciones y aplicando 4,332 multas por un valor superior a los 13 millones de pesos.
4. Extorsiones en Guanabacoa (marzo de 2026)
En Guanabacoa, La Habana, varios dueños de negocios privados han denunciado multas que superan los 30,000 pesos. Los afectados aseguran que las sanciones se aplican en medio de la grave crisis económica y advierten que muchos establecimientos podrían verse obligados a cerrar.
Algunos propietarios afirman que las inspecciones derivan en situaciones que perciben como intentos de extorsión, donde “la posibilidad de evitar la multa estaría condicionada a pagos informales”.
5. Taxista multado por inspectoras encubiertas (13 de febrero de 2026, La Habana)
Un video viral muestra el tenso momento en que dos inspectoras que viajaban de incógnito en un “almendrón” multan a un taxista por cobrar 600 pesos por un recorrido. El conductor argumentó el alto costo del combustible, pero la inspectora aplicó la multa igual. El episodio ha generado reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su solidaridad con el conductor.
6. Multa de 36,000 pesos por consumo personal (27 de enero de 2026, Santiago de Cuba)
El cantante Saúl Manuel denunció que un ciudadano fue multado con 36,000 pesos por tener “media caja de tabacos Criollos y una botella de ron” para consumo personal, no para la venta. El denunciante acusó abuso y amenazas.
7. Ofensiva contra vendedores callejeros en Sancti Spíritus (2 de febrero de 2026)
Inspectores multaron y decomisaron productos a vendedores informales (arroz, frijoles, viandas), incluyendo carretillas (medios de trabajo). Las multas alcanzaron los 5,000 pesos por vender arroz a 200 pesos la libra.
El testimonio de los afectados: “Nadie que acepta ese trabajo puede ser buena persona”
Un trabajador por cuenta propia de Holguín, identificado como Darnel, declaró al medio:
“Todo el tiempo estamos vigilados, agobiados con decenas de decretos y resoluciones, con miles de prohibiciones y posibles multas. Son lo peor. Cualquier ofensa se queda corta para calificarlos. Si este sistema sirve poco, ellos sirven menos. Nadie que acepta ese trabajo puede ser buena persona, ni puede tener un mínimo de valores.”
Ismel, socio de una MIPYME en Holguín, añadió:
“Todos los meses vienen a joder, a revisar todo, como sabuesos buscando cualquier justificación para poner multas de 16,000, de 32,000, de 42,000, lo que les dé la gana. A ellos no les importa si solo te buscas 3,000 o 4,000 en el día, te roban la ganancia de una semana con unas anotaciones en el talonario perverso que traen. ¡Deberían lanzarlos a todos por un precipicio!”
El patrón: inspectores que se enriquecen mientras el pueblo sufre o muere
La denuncia original del ciudadano —que los inspectores integrales “se compran de todo y casi todos tienen motos eléctricas y hasta carro”— coincide con el patrón documentado por la prensa independiente.
| Provincia | Caso documentado | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| Sancti Spíritus | Sobornos de 10,000 pesos mensuales + jabas de alimentos | El Espirituano (ICLEP) | Ago 2025 |
| La Habana | Multa de 36,000 pesos por fumar y llevar cadena | Havana Times | May 2025 |
| Holguín | Multas de hasta 42,000 pesos; recaudación de 72 millones en 4 meses | Diario de Cuba | Jun 2025 |
| La Habana (Plaza) | Falso inspector capturado por estafas | CiberCuba | 31/03/26 |
| La Habana (Guanabacoa) | Multas de +30,000 pesos, denuncias de extorsión | CubaHerald | Mar 2026 |
| Santiago (Baire) | Vendedor muere de infarto tras multa de 16,000 CUP | Cuballama | 4/03/26 |
| Santiago de Cuba | Multa de 36,000 pesos por tabacos y ron personal | CiberCuba | 27/01/26 |
| La Habana | Taxista multado por inspectoras encubiertas | CiberCuba | 13/02/26 |
| Sancti Spíritus | Ofensiva contra vendedores callejeros, multas de 5,000 pesos | ICLEP | 2/02/26 |
| Nacional | 7,000 inspectores, 13 millones en multas en 2 días | Radio Bayamo (CMKX) | 3/04/26 |
El salario promedio de un inspector estatal en Cuba no supera los 5,000 o 6,000 pesos mensuales. Sin embargo, como documenta la investigación de Sancti Spíritus, los sobornos mensuales pueden superar los 10,000 pesos, sin contar las “jabas con alimentos” y otros beneficios en especie.
Además, como revela el caso de Holguín y la ofensiva de abril de 2026, el propio gobierno ha incentivado la recaudación por multas, lo que crea un conflicto de interés evidente: mientras más multas impongan los inspectores, más dinero recauda el Estado y más bonificaciones reciben ellos.
El contexto: inspectores integrales, corrupción y abuso de poder
Esta denuncia sobre los inspectores integrales se suma al patrón que hemos documentado en múltiples sectores de la vida cubana: funcionarios que usan su poder para enriquecerse, extorsionar y abusar de la población, mientras las autoridades superiores miran hacia otro lado o, peor aún, incentivan el abuso.
Hemos documentado casos similares en:
- Granma: directores de la Construcción, el Zoológico de Bayamo, Viajero y ServiCupet enriqueciéndose con recursos públicos.
- La Habana: la Agencia 13 de Gacelas, donde el jefe de taller desmantelaba los carros y extorsionaba a los choferes.
- San Miguel del Padrón: la directora de Vivienda, Odalmis Goitizolo, cobrando 60,000 CUP para agilizar trámites.
En todos los casos, el denominador común es la impunidad. Los inspectores integrales, lejos de ser excepción, son la regla en un sistema donde el poder se usa para castigar, extorsionar y enriquecerse.
El esquema real vs. el esquema ideal
En un esquema ideal, los inspectores integrales:
- Velan por el cumplimiento de las normas con justicia y proporcionalidad.
- Advierten antes de multar.
- No aceptan sobornos.
- Viven de su salario, no de comisiones ni de lo que roban.
- No tienen motos eléctricas ni carros que no puedan pagar con su sueldo.
- No causan la muerte de nadie con sus multas desproporcionadas.
En la Cuba real de abril de 2026, según las investigaciones citadas, ocurre todo lo contrario:
- Las multas son desproporcionadas (36,000 pesos por fumar en un kiosco, 16,000 pesos por vender pan).
- Un vendedor de pan murió de un infarto tras ser multado.
- Los inspectores se confabulan con comerciantes a cambio de sobornos de 10,000 pesos mensuales.
- Hay falsos inspectores que se aprovechan del poder de la figura para estafar.
- El gobierno incentiva la recaudación con “pago por resultados” y ha desplegado 7,000 inspectores.
- Los inspectores se enriquecen y compran motos eléctricas y carros.
- La población vive atemorizada, sin saber cuándo llegará una multa que le arruine la semana, el mes o la vida.
El mensaje para los cubanos es cruel: si tienes un negocio, estás en la mira. Si eres vendedor informal, te arruinarán con una multa desproporcionada que puede matarte del infarto. Si los inspectores te ofrecen “protección” a cambio de dinero, tendrás que pagar o cerrar. Y si denuncias, probablemente no pase nada, porque el sistema premia a los inspectores por recaudar.
Resumen:
Un ciudadano denuncia que los inspectores integrales en Cuba, pertenecientes al Ministerio de Finanzas y Precios y subordinados a los gobiernos provinciales, “están corruptos y viven mejor que los intendentes”. Señala que “se compran de todo y casi todos tienen motos eléctricas y hasta carro”. Investigaciones periodísticas independientes de 2025 y 2026 confirman el patrón: en Sancti Spíritus, inspectores recibían sobornos de más de 10,000 pesos mensuales y jabas de alimentos para filtrar fechas de controles fiscales. En La Habana, una trabajadora fue multada con 36,000 pesos por fumar en un kiosco. En Holguín, las multas alcanzan los 42,000 pesos y el gobierno recaudó 72 millones de pesos en solo cuatro meses. En Baire, Santiago de Cuba, un revendedor de pan murió de un infarto tras ser multado con 16,000 CUP. En Guanabacoa, dueños de negocios denuncian extorsiones donde “evitar la multa estaría condicionada a pagos informales”. En diciembre de 2024, el gobierno anunció un sistema de “pago por resultados” para los inspectores, y en abril de 2026 se desplegaron 7,000 inspectores que recaudaron 13 millones de pesos en multas en solo dos días.
Nota final:
Los inspectores integrales fueron creados para velar por el cumplimiento de las normas en comercio, precios, higiene y servicios. En teoría, deberían proteger al consumidor y garantizar la legalidad. En la práctica, según múltiples investigaciones y denuncias de 2025 y 2026, se han convertido en una herramienta de acoso, extorsión y enriquecimiento ilícito.
El caso de Tania —multada con 36,000 pesos por fumar en la parte trasera de un kiosco— es emblemático. No es una criminal. No es una evasora fiscal. Es una trabajadora que cometió una falta menor y fue arruinada por un inspector que aplicó la ley sin sentido común, sin humanidad, sin proporcionalidad.
El caso de Sancti Spíritus —inspectores que reciben 10,000 pesos mensuales de comerciantes para avisarles de los controles— es aún más grave. No es un inspector aislado. Es una red organizada. Es corrupción sistémica. Es la prueba de que el cuerpo de inspectores está podrido desde dentro.
El caso de Rodisbel Álvarez en Baire es el más dramático de todos. Un hombre que vendía pan para vivir fue multado con 16,000 pesos que no podía pagar. El estrés, la presión, la desesperación —todo junto— le provocó un infarto. Y murió. La multa fue el hecho concreto. El infarto fue el final.
Y el anuncio del gobierno en diciembre de 2024 —pago por resultados para los inspectores— y el despliegue masivo de abril de 2026 —7,000 inspectores, 13 millones en multas en dos días— son la guinda del pastel. El Estado cubano no solo tolera la corrupción de los inspectores. La incentiva. Les dice: mientras más multas pongan, más dinero recauden, más bonificaciones recibirán. No importa si las multas son justas o desproporcionadas. No importa si arruinan a una madre trabajadora, a un pequeño empresario o a un vendedor de pan. Lo que importa es recaudar.
Las autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios, la Contraloría General, la Fiscalía y los gobiernos provinciales tienen la palabra. Pero si los propios inspectores son los corruptos, si el gobierno los premia por recaudar, si las denuncias no proceden, si un hombre muere de un infarto por una multa que no podía pagar, ¿qué esperanza puede tener el pueblo cubano?
Ojalá estas investigaciones sirvan para algo. Ojalá los inspectores integrales dejen de ser “los represores de primera fila” y se conviertan en lo que deberían haber sido desde el principio: protectores del pueblo, no verdugos.
Mientras tanto, los trabajadores y pequeños empresarios de Cuba seguirán viviendo con miedo. Miedo a una multa de 42,000 pesos por una falta menor. Miedo a un inspector que exige soborno. Miedo a perderlo todo por un cigarro, una cadena al cuello, un precio mal marcado, o una caja de pan.
Y los inspectores, mientras tanto, seguirán comprándose motos eléctricas y carros. Con el dinero del pueblo. Con la complicidad del gobierno. Con la impunidad como garantía.
¿Hasta cuándo?
