Una mujer, cabeza de familia con una madre anciana y un nonagenario postrado, denuncia que los inspectores de la DIS la están obligando a cerrar su negocio con multas abusivas y peticiones de soborno. Hace un llamado a otros TCP a romper el silencio.
Con la elocuencia del que ha perdido el miedo pero no la prudencia, una emprendedora de Manzanillo dirige un testimonio desgarrador y a la vez una enérgica denuncia pública. Su voz, que pide anonimato por temor a represalias, no habla solo por ella, sino que se erige como portavoz de un sufrimiento colectivo: el de los trabajadores por cuenta propia (TCP) acosados y extorsionados por los inspectores municipales.
Su relato comienza con un sueño cumplido y luego truncado: estudió, se graduó y ejerció su profesión con amor, hasta que la dura realidad económica cubana la obligó a «renunciar a ella y convertirme en una emprendedora». Con «poco capital», convirtió su «pequeño negocio» en un espacio de dignidad, ganándose a su clientela «con amor, cariño y paciencia», intentando «sacarle una sonrisa» al cliente agobiado por el día a día.
Pero este sueño de autonomía se topó con la pesadilla de la corrupción institucionalizada.
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La denuncia es metódica y detallada en sus acusaciones contra los inspectores de la Dirección de Inspección (DIS) en Manzanillo:
- El acoso constante: Describe una «persecución constante» y una «presencia constantemente en los puntos de ventas», que ha generado un «creciente malestar» en el sector. No es una visita esporádica, sino un hostigamiento que sofoca la iniciativa.
- La extorsión sistemática: El mecanismo es claro. Llegan «varios» inspectores, piden documentos (proyectos, facturas, fichas de costo) y buscan «lo que no existe para chantajear y buscar ser sobornado». La denunciante afirma sin ambages que «hay quienes se ven obligados a entregar sumas de dinero o productos para evitar ser multados».
- Las multas abusivas e impunes: Cuando el soborno no fluye, viene el castigo: «multas altísimas» impuestas «con total impunidad sin derechos ni razones». Ella misma está «siendo obligada a cerrar mi negocio por las reiteradas multas que me han puesto».
- La hipocresía del sistema: Señala la cruel paradoja de que el Estado exige cumplimientos contables («nos hemos convertido en contadores empíricos por obligación») pero nunca ofrece «cursos o capacitaciones». El conocimiento se presume, y su falta se penaliza.
El rostro humano detrás del TCP:
Lo que convierte esta denuncia en un puñetazo a la conciencia es la descripción de su realidad familiar. No es una abstracción «cuentapropista»; es:
- Una cabeza de familia.
- La sostén de su madre anciana con una «chequera insuficiente que no alcanza ni para comprar un paquete de pollo».
- La cuidadora de un anciano de 99 años postrado, cuyos gastos básicos son diarios.
- El apoyo de un adolescente que trabaja y estudia para ayudar.
«¿Quién da impunidad a los corruptos?»
Sus preguntas retumban como un desafío a las autoridades:
- «¿Quién controla a estos funcionarios?»
- «¿Dónde están los derechos legales y constitucionales de los cuentapropistas?»
Y de la indignación pasa a la exigencia. Demanda:
- Una investigación a estos funcionarios.
- Encuestas anónimas a los TCP para documentar la extorsión.
- Respeto a los contratos, licencias y derechos de los trabajadores.
- «No más corrupción ni abuso de cargo.»
Un llamado a la acción colectiva:
Su mensaje final es un llamado a la solidaridad y a la valentía. Anuncia que vendrá «con pruebas» de otros TCP y necesita ayuda para publicar su sentir «para de alguna manera se motiven otros cuenta propias y ayuden a parar lo que sucede». Es el grito de quien, al borde del abismo económico, decide dejar de ser víctima para convertirse en denunciante.
Resumen:
Una emprendedora de Manzanillo denuncia el acoso, la extorsión y las multas abusivas por parte de inspectores de la DIS, que la están obligando a cerrar su negocio. Describe un sistema corrupto donde se piden sobornos para evitar sanciones, y hace un llamado urgente a investigar a estos funcionarios y a que otros TCP rompan el silencio. Relata su dramática situación familiar para evidenciar el impacto humano de esta persecución.
Nota: Esta no es solo una denuncia de corrupción; es la crónica de cómo un Estado, en teoría interesado en el desarrollo del sector no estatal, lo estrangula en la práctica mediante sus propios agentes. Los inspectores, que deberían ser garantes del orden, se convierten en una mafia de baja intensidad que cobra peaje a la iniciativa personal. La pregunta de la emprendedora es la clave: ¿Quién controla a los controladores? Mientras no haya respuesta, el sueño del cuentapropismo seguirá siendo un campo minado donde la creatividad se castiga y la extorsión se premia con impunidad.
