Nueva evidencia fotográfica sitúa a Yadiel Leiva Rondón («Miguel») frente a la casa de Yenia Leblanch, la exdirectora de la DMV. Denunciantes alegan que él ayudó a escapar a otra exfuncionaria y temen que repita el plan, mientras Yenia busca su «liberación» para huir a Bahamas.
En un giro que parece extraído de una trama de conspiración, una nueva denuncia aporta lo que califica como «evidencia clave» sobre los intentos de la exdirectora de la DMV (Dirección Municipal de la Vivienda) en El Cerro, Yenia Leblanch Savón, para eludir la justicia y huir del país. Esta evidencia, según los denunciantes, conecta directamente a Yenia con un funcionario estatal que ya habría facilitado la fuga de otra acusada.
La evidencia: Un funcionario en la puerta
La denunciante, quien se identifica como «agradecida» por las publicaciones anteriores, adjunta cuatro fotografías que muestran a un hombre en motocicleta frente a una vivienda. Lo identifica como Yadiel Leiva Rondón, funcionario del DTI (¿Dirección de Tecnología de la Información o similar?), quien también «se hace llamar Miguel».
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El lugar es crucial: es el «frente de la casa de Yenia». Según la denuncia, Yadiel Leiva «va 3 veces por semana a buscar regalos y pagos hechos por ella». Las fotos incluirían la chapa de la moto para su identificación.
El objetivo: La «liberación» y la huida a Bahamas
El motivo de estos encuentros, alega la denuncia, es un plan en marcha. «Yenia quiere pedir su liberación [de sus responsabilidades legales], quiere salir rumbo a Bahamas con su familia». Y para ello, cuenta con la ayuda de Yadiel Leiva Rondón.
¿Por qué él es la persona indicada? Porque tiene un precedente exitoso. La denuncia afirma que «este señor del DTI ya ayudó a escapar a Bárbara Robins López, anterior directora que acabó en la DMV». Este dato es presentado como prueba de su capacidad y conexiones para este tipo de operaciones ilícitas.
El costo de la impunidad: Compañeros en prisión y un esposo exonerado
La denunciante hace una acusación aún más grave: mientras Yenia planea su escape, «están pagando un grupo de compañeros prisión siendo ella responsable de todo». Es decir, subalternos o socios estarían cargando con las culpas de los presuntos desfalcos que ella dirigió.
Además, revela que el esposo de Yenia, quien fue «jefe del departamento técnico de la DMV», «también quedó exonerado». ¿La razón? «Yenia le pagó buen dinero a Nuris, la fiscal provincial». Como pago adicional, esta fiscal habría sido invitada a una «pasiadía a la casa del mexicano en Fontanar, casa con hospedaje y piscina».
El círculo de poder que la protege
La red de protección no se limita a Yadiel. La denuncia también señala a «Elena, la intendente» (presidenta del gobierno municipal), quien «puede liberarla de sus funciones sin que pague todo el desfalco del presupuesto del estado y ventas de locales, casas y firma de resoluciones falsas».
La pregunta final al sistema
Los denunciantes lanzan un desafío directo a las autoridades: «Queremos saber si el gobierno, el PCC y la fiscalía va a seguir diciendo que es chisme de las redes sociales». Con las fotos en la mano y los nombres sobre la mesa, exigen que se actúe antes de que, alegan, otro corrupto escape por la puerta de atrás del sistema que debería juzgarlo.
Resumen: Nuevas fotografías muestran a Yadiel Leiva Rondón («Miguel»), funcionario del DTI, frente a la casa de Yenia Leblanch, exdirectora de la DMV en El Cerro. Denunciantes alegan que él va a recibir pagos y que planea ayudarla a escapar a Bahamas, como ya hizo con la exdirectora Bárbara Robins. Acusan que Yenia pagó a una fiscal para exonerar a su esposo y que cuenta con la protección de la intendente Elena. Temen que sus compañeros carguen con la culpa mientras ella huye.
Nota: Esta denuncia, si se confirma, sería la crónica de una impunidad en tiempo real. No solo se describe un pasado de corrupción, sino un presente activo de encubrimiento y preparación de fuga. La figura del «funcionario facilitador» (Yadiel) es particularmente siniestra, pues sugiere la existencia de canales informales dentro del Estado para limpiar historiales y sacar del país a acusados de corrupción. Es la pesadilla ciudadana hecha realidad: los que roban no solo no van a la cárcel, sino que se van de vacaciones permanentes con ayuda institucional, mientras los eslabones más débiles pagan el precio.
