Arturo Reyes Aguilar, subdirector, fue separado «definitivamente» del sector por revelar en un grupo de WhatsApp que la directora Lisbet Placeres Góngora les había mentido sobre la fecha de pago. Denunciante pide anonimato por miedo a represalias.
Una nueva y grave denuncia llega a esta redacción, esta vez desde el municipio de Niquero, relacionada con la misma funcionaria sobre la que ya se han publicado varias acusaciones de corrupción: Lisbet Placeres Góngora, directora municipal de educación.
El hecho, narrado por un testigo directo que solicita protección absoluta de su identidad por temor a represalias («soy un padre de familia con esposa e hijos que mantener»), ocurrió en el IPU Roberto Ramírez Delgado.
La cadena de hechos es la siguiente:
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- La promesa incumplida: Hace aproximadamente un mes, la directora Lisbet Placeres les comunicó a los trabajadores de esa escuela una fecha concreta para el pago de sus salarios atrasados, un tema recurrente de queja.
- La frustración colectiva: La fecha llegó y pasó, sin que se efectuara el pago. La indignación entre los docentes y trabajadores crecía.
- El comentario en el grupo: Ante la presión y sin tener ya una explicación oficial que dar a sus compañeros, Arturo Reyes Aguilar, quien en ese momento se desempeñaba como subdirector de Trabajo Educativo de la escuela, escribió en el grupo de WhatsApp de la institución. Su mensaje, reflejando el sentir general, fue claro: la directora municipal les había mentido a todos sobre la fecha del pago.
- La venganza administrativa: Un trabajador tomó una captura de pantalla de ese mensaje y se la envió a Lisbet Placeres Góngora. La respuesta de la directora municipal fue drástica y desproporcionada: aplicó a Arturo Reyes una medida de «separación definitiva del sector de la educación».
- Un «ejemplo» abusivo: La justificación de la funcionaria fue que se trataba de una «medida ejemplarizante». Sin embargo, el denunciante y, según afirma, toda la comunidad educativa, la ven como un acto de puro abuso de poder: «cosa que nadie ha estado de acuerdo por ese abuso de dejar a un padre de familia sin empleo mientras ella sigue robando y acabando en el sector con miles de denuncias».
- Irregularidades en el proceso: La medida ni siquiera estaba formalmente firmada cuando se le notificó al profesor. Además, el denunciante revela que Arturo Reyes Aguilar está siendo investigado por la Seguridad del Estado, bajo la sospecha de que pueda hacer públicas estas irregularidades, algo que, según la fuente, no corresponde con el carácter del docente, a quien describe como «un profesor excelente, educado y sencillo».
Contexto de una denuncia anterior:
Esta nueva acusación se suma y da verosimilitud a una denuncia anterior y más amplia realizada por otra fuente contra la misma funcionaria. En esa publicación (a la que el nuevo denunciante adjunta un enlace), se acusaba a Lisbet Placeres Góngora de:
- Acabar con los recursos destinados a maestros y estudiantes.
- Robar y repartir parte del botín entre su consejo de dirección para comprar silencio.
- Perseguir y destituir a cualquier trabajador que se oponga a sus indicaciones, muchas de las cuales conllevarían desvío de recursos.
- Carecer de prestigio, capacidad y moral para dirigir, con una vida privada de festejos en «ranchones» financiados con lo robado.
- Acaparar estímulos destinados a educadores.
- Desviar materiales para reparación de escuelas a través de una MIPYME con la que tiene contrato, hasta el punto de que el almacén no sabe cómo justificar las pérdidas.
Conclusión y pedido:
El nuevo denunciante cierra su relato con preguntas que reflejan impotencia y rabia: «Eso duele y que ella siga abusando de su poder. ¿Hasta cuándo? No creo que sea correcto que por algo tan simple y por decir la verdad le hagan eso».
Su esperanza, y la de quienes lo rodean, es que esta publicación sirva para visibilizar un caso que consideran una injusticia flagrante: la destrucción de la carrera y sustento de un docente por el «delito» de decir una verdad incómoda a una funcionaria públicamente acusada de corrupción sistemática.
Resumen:
Un subdirector del IPU Roberto Ramírez Delgado en Niquero, Arturo Reyes Aguilar, fue separado definitivamente de la educación por escribir en un grupo de WhatsApp que la directora municipal Lisbet Placeres Góngora les mintió sobre la fecha de pago de salarios. La medida, calificada como «ejemplarizante», es denunciada como un abuso de poder y una venganza, enmarcada en numerosas acusaciones previas de corrupción contra la misma funcionaria.
Nota:
Este caso trasciende un conflicto laboral. Es la punta de lanza de un patrón denunciado: el uso del poder para silenciar, mediante el despido y la persecución, a quienes osan señalar irregularidades. Mientras un profesor honesto pierde su sustento por una verdad dicha en un chat, la funcionaria señalada por desviar recursos masivos sigue en su cargo. Es la ecuación perversa de la impunidad: la corrupción se protege a sí misma castigando a quienes la nombran.
