Un denunciante, que se identifica como víctima directa, alega que Amed (actual administrador) y Burgos (nuevo Intendente) operan una red que vende ilegalmente permisos y kioscos en áreas de comercialización, eludiendo subastas públicas y cobrando sobornos a cuentapropistas.
Una nueva y detallada denuncia sobre presuntas redes de corrupción a nivel municipal ha llegado a nuestra redacción. Un denunciante anónimo, que afirma ser «víctima de ellos», expone una relación ilícita entre dos funcionarios del municipio Boyeros: Amed, actual administrador de áreas de comercialización, y Burgos, el nuevo Intendente (presidente del gobierno municipal).
La Acusación Central: Una Sociedad para el Lucro Ilegal
Según el relato, la corrupción no es nueva, sino un modus operandi perfeccionado con el tiempo:
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- Origen y Colaboración: El denunciante asegura que Amed y Burgos «son amigos y trabajaron juntos». Burgos era anteriormente el «jefe de los TCP (Trabajadores por Cuenta Propia) de Boyeros», cargo que hoy ocupa Amed. Durante ese tiempo, «se repartían la plata».
- Prácticas Ilegales de Amed (Ayer y Hoy): Se le acusa de:
- Cobrar por la venta de espacios: Vender ilegalmente permisos para construir kioscos en áreas de comercialización como «100 y Boyeros» y «Fontanar», sin seguir el proceso legal.
- Extorsionar a TCP que emigran o cierran: Cuando un cuentapropista decide irse del país o dejar su negocio, Amed le cobra para poder poner ese kiosco a nombre de otra persona, evitando deliberadamente que el local pase por una subasta pública en la Empresa Inmobiliaria, que es el procedimiento establecido.
- Complicidad Pasada de Burgos (cuando era jefe de TCP): El denunciante alega un mecanismo claro: «Estando Amed como administrador del área de Fontanar también vendió como 5 locales y quien firmaba el nuevo contrato para el comprador era Burgos… eso se resolvía enseguida: solamente pagabas y ya». Esto creaba un circuito cerrado de corrupción donde la transacción ilegal se legalizaba con la firma del funcionario.
La «Promoción» que Consolidó el Cártel:
La situación, denuncia el afectado, empeoró con un cambio de cargos que consolidó el control:
- Burgos fue promovido a Intendente (máxima autoridad del gobierno municipal).
- Amed ocupó el cargo que dejó Burgos (jefe de los TCP).
- Esta rotación, según el denunciante, les da «todo el municipio en sus manos», ya que Burgos, en el gobierno, es a quien llega toda la información de cualquier denuncia, pudiendo archivarla.
Testimonio en Primera Persona: «Más de 5 Ocasiones lo Visité»
El denunciante ofrece su propio caso como ejemplo de la impunidad y las represalias:
- Denuncias Ignoradas: Visitó «más de 5 ocasiones» la oficina de Burgos (cuando ya era Intendente) para denunciar la corrupción de Amed. «Nunca me dio una solución».
- Represalias: En cambio, lo que obtuvo fueron «más represarías por parte de Amed».
- Ejemplo de Extorsión Operativa: Relata su propia odisea para construir un local en Fontanar: estuvo «más de 2 años» en trámites y, aunque hoy está construido, Amed «no me acaba de realizar el contrato». Mientras, «en estos últimos 6 meses se han vendido varios kioskos que ya tienen su nuevo contrato» otorgado por Amed, así como la «venta de espacios para construcciones nuevas sin pasar por Planificación Física» (el órgano que debe autorizarlo). «Todo titular no lo tiene porque le pagaron a Amed».
Conclusión del Denunciante:
La denuncia pinta un panorama donde dos funcionarios, «cortados por la misma tijera», han institucionalizado un sistema de corrupción que «viola lo que está establecido», actuando como si fueran «dueños de las áreas» y contando con la protección del cómplice que ahora ocupa la máxima autoridad local.
Resumen: Un denunciante anónimo acusa a Amed (jefe de TCP) y a Burgos (Intendente) de Boyeros de operar una red de corrupción que vende ilegalmente permisos y traspasos de kioscos, eludiendo subastas públicas. Alega que, cuando Burgos era jefe de TCP, firmaba los contratos de las ventas irregulares de Amed. Ahora, como Intendente, archiva las denuncias en su contra. El denunciante relata represalias y su propio caso de un contrato retenido por años a cambio de presuntos pagos.
Nota: Esta denuncia describe la anatomía de una corrupción de barrio que escala hasta la alcaldía. No es un desvío abstracto de millones, sino la venta cotidiana del derecho a trabajar, a heredar un negocio o a abrir uno nuevo. Cuando los funcionarios que deben regular el comercio se convierten en sus gestores mafiosos, el mensaje es claro: en ese municipio, la ley no la pone el estado, la ponen Amed y Burgos, y tiene un precio. Es el rostro más cercano y agobiante de la descomposición institucional.
