Félix Arrebato Blanco, residente permanente, está detenido en el centro «Alligator Alcatraz» a la espera de ser expulsado del país debido a delitos que incluyen abuso sexual de menores.
Florida – Cuarenta y cinco años después de haber llegado a Estados Unidos durante el Éxodo del Mariel, un ciudadano cubano se encuentra detenido en un centro de inmigración a la espera de su deportación, a pesar de contar con residencia permanente. El caso de Félix Arrebato Blanco fue confirmado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que citó un extenso historial delictivo como la causa de su próxima expulsión.
Arrebato Blanco, quien actualmente está recluido en el centro de detención de migrantes conocido coloquialmente como «Alligator Alcatraz», ubicado en los Everglades de Florida, fue acogido por Estados Unidos en 1980 durante la masiva migración de cubanos que huían del gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, según un comunicado de ICE publicado en la red social X, el hombre «desperdició su oportunidad». La agencia detalló que su prontuario incluye condenas por abuso sexual de menores, portación oculta de armas y no registrarse como delincuente sexual.
El éxodo del Mariel, que tuvo lugar entre abril y octubre de 1980, vio a más de 125,000 cubanos llegar a las costas de Florida, recibiendo refugio seguro bajo el gobierno del entonces presidente Jimmy Carter. No obstante, entre los migrantes también se incluyeron presos comunes y personas liberadas de instituciones penitenciarias y psiquiátricas por el gobierno cubano, un hecho que marcó profundamente la composición de aquella ola migratoria.
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ICE ha categorizado a Arrebato Blanco como parte de «lo peor de lo peor» en Miami, una clasificación utilizada para inmigrantes con antecedentes penales peligrosos que, según las autoridades, representan una amenaza para la seguridad pública y son priorizados para su captura y posterior expulsión definitiva del país. El cubano ha estado detenido en Alligator Alcatraz desde el 2 de noviembre, en espera de que se concrete su deportación.
Este caso se enmarca dentro de la firme política migratoria de la administración actual, que busca capturar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Avalada por un fallo de la Corte Suprema, esta política ha permitido la deportación de individuos con condenas por crímenes violentos a terceros países, especialmente cuando sus naciones de origen se niegan a recibirlos.
El gobierno de La Habana mantiene una postura de no aceptar el retorno de personas con antecedentes penales en Estados Unidos o que hayan salido del país antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017. Esta negativa ha llevado a que cubanos con órdenes de deportación definitiva sean enviados a terceras naciones, incluyendo algunos países de África como Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, así como a México, una práctica que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a los riesgos que pueden correr los deportados en esos destinos.
Según registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva. Mientras tanto, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Cuba continúan de manera mensual. Tan recientemente como la semana pasada, 232 personas fueron devueltas a la isla, elevando el total a 1,231 migrantes cubanos deportados por vía aérea en lo que va del año. El caso de Arrebato Blanco ejemplifica el desenlace de aquellos que, habiendo obtenido una segunda oportunidad, se vieron involucrados en actividades criminales que pusieron fin a su estadía legal en el país.
