El entramado empresarial militar de Cuba, conocido como GAESA, opera en una opacidad legal que impide cualquier tipo de fiscalización ciudadana o parlamentaria. Una reciente modificación en la ley de Contraloría ha eximido al conglomerado castrense de ser auditado, otorgándole un blindaje jurídico para operar sin rendir cuentas sobre sus multimillonarias operaciones.
La «trampa» legal que protege a GAESA
El economista Pedro Monreal ha señalado que la Ley de Contraloría 158/2022, que actualizó la normativa de 2009, eliminó explícitamente la referencia a las auditorías para las instituciones armadas. Esto significa que, a diferencia de otros ministerios civiles, GAESA no está sujeto a la revisión de la Contraloría General de la República, la entidad encargada de la fiscalización más alta en el país.
Anteriormente, aunque con «normas internas», la Contraloría podía revisar las operaciones de las fuerzas armadas. Ahora, la supervisión recae únicamente en el Presidente de la República, quien recibe un informe anual y tiene la discreción de ordenar medidas de «prevención y control».
Tras las recientes revelaciones sobre las supuestas **18,000 millones de dólares** en cuentas bancarias vinculadas a GAESA, ni el presidente Miguel Díaz-Canel ni otros altos funcionarios del gobierno han ofrecido declaraciones públicas sobre el asunto.
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La Ley de Contraloría de 2022 ha eliminado la figura de la auditoría para las instituciones armadas, dejando su fiscalización exclusivamente en manos del Presidente de la República.
Este cambio legal, implementado en 2022, aparta a GAESA de la supervisión del Parlamento y del Contralor General, los organismos teóricamente encargados de la fiscalización suprema. Mientras ministerios civiles deben rendir cuentas sobre sus finanzas y operaciones, GAESA, a pesar de su control sobre sectores clave como hoteles y cadenas de tiendas, queda fuera del escrutinio público.
Un «traje a medida» para la opacidad
La exclusión de GAESA de la supervisión de la Contraloría es descrita por Monreal como un «traje a la medida», una disposición diseñada específicamente para mantener separadas las operaciones civiles del conglomerado militar de la fiscalización parlamentaria. Esto permite que GAESA opere hoteles de lujo y otros negocios sin necesidad de justificar sus resultados o inversiones ante la opinión pública o los representantes electos.
El economista Pedro Monreal califica esta exclusión como una «trampa» legal que protege al corazón económico del régimen.
Esta situación pone de manifiesto una crisis de transparencia más profunda en Cuba, donde las decisiones políticas conscientemente crean un sistema opaco. La esencia de este sistema radica en blindar al conglomerado militar bajo el pretexto de ser una «institución armada», eludiendo así la rendición de cuentas y el control ciudadano.
Consecuencias políticas y económicas
La falta de auditoría estatal sobre GAESA implica que el conglomerado militar, que gestiona la mayoría de los ingresos en divisas del país, no está sujeto a ningún tipo de control democrático. La Asamblea Nacional, al no poder indagar en el destino de estos fondos ni exigir explicaciones sobre inversiones fallidas, pierde su capacidad de supervisión.
Monreal concluye que esta «trampa» legal, al amparar al conglomerado militar bajo la figura de institución armada, consolida el poder de la cúpula militar-empresarial y relega a los ciudadanos a un segundo plano, evidenciando quién ostenta el poder real en Cuba y la naturaleza intrínseca de la opacidad del sistema.
