Decisión divide a la corte en líneas ideológicas y afecta a migrantes que huían de la crisis humanitaria, jueces liberales advierten sobre el impacto en vidas humanas
La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 migrantes venezolanos, en una decisión que marca un giro radical en la política migratoria estadounidense.
La resolución, emitida este viernes mediante una orden de emergencia, suspende inmediatamente un fallo previo de un tribunal federal que había frenado la eliminación de estas protecciones. El dictamen, que dividió al alto tribunal según líneas ideológicas, representa un duro golpe para cientos de miles de venezolanos que habían encontrado en el TPS una vía de salvaguarda frente a la inestabilidad política, económica y humanitaria de su país de origen.
Base legal y contexto del TPS
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El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo legal creado por el Congreso en 1990 que permite al gobierno federal otorgar protección temporal a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Venezuela fue designada para TPS en marzo de 2021 bajo el gobierno de Joe Biden, en reconocimiento a lo que Washington describió entonces como «la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental».
Sin embargo, el 2025 ha traído un cambio radical. A instancias de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, el gobierno republicano anunció la cancelación de esa protección, decisión que fue inmediatamente cuestionada en tribunales por una coalición de migrantes y organizaciones legales.
Recorrido judicial y postura de los tribunales inferiores
El caso comenzó a escalar judicialmente luego de que el juez federal Edward Chen, en San Francisco, dictaminara que el gobierno había actuado de manera ilegal y sin fundamento técnico al revocar el TPS. Según el magistrado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había actuado «con una prisa sin precedentes y de una manera sin precedentes… con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela».
Esta conclusión fue respaldada por un panel unánime de tres jueces de apelación, entre ellos la jueza Kim Wardlaw, quien escribió: «El DHS tomó sus decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después».
División ideológica en la Corte Suprema
La Corte, dominada por una mayoría conservadora de 6-3, no ofreció una justificación detallada de su decisión, como es habitual en este tipo de apelaciones extraordinarias. No obstante, en su orden no firmada afirmó que «la misma decisión que tomamos en mayo es apropiada aquí», haciendo referencia a un fallo previo que ya había permitido al Ejecutivo suspender parcialmente estas protecciones.
Los tres jueces liberales de la Corte -Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- votaron en contra de la medida. Solo Jackson emitió una disidencia por escrita, donde expresó su profunda preocupación: «Disiento porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego».
Impacto humanitario inmediato
El fallo de la Corte Suprema no elimina el TPS de forma automática y definitiva, pero sí habilita al gobierno de Trump para continuar con el proceso de eliminación sin esperar la resolución final del litigio. Para miles de familias venezolanas, esto representa una amenaza inmediata de pérdida de estatus migratorio, desempleo, separación familiar y deportación.
De acuerdo con la agencia Associated Press, «algunos migrantes han perdido sus empleos y hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron por primera vez». En estados como Florida, Texas, California y Nueva York -donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos- ya se reportan despidos de trabajadores con TPS.
Futuro incierto y batalla legal continua
Aunque el proceso judicial continúa, la decisión de la Corte Suprema marca un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria. El procurador general D. John Sauer, abogado principal del gobierno, defendió la intervención urgente como necesaria para hacer respetar la autoridad del Ejecutivo y frenar lo que calificó como una «insostenible desobediencia judicial» por parte de los tribunales inferiores.
Mientras tanto, para los más de 300.000 venezolanos afectados por esta decisión, se inicia un periodo de incertidumbre y vulnerabilidad, con el temor constante a la deportación hacia un país que sigue sumido en una profunda crisis humanitaria.
