Las agresivas redadas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump están resultando en el arresto de ciudadanos estadounidenses de origen latino, generando una ola de indignación y denuncias por la violación de derechos civiles fundamentales. Un extenso reportaje de The New York Times publicado este lunes revela un patrón de detenciones basadas en perfiles raciales, donde individuos son arrestados únicamente por «parecer inmigrantes».
La investigación, basada en el análisis de expedientes judiciales y testimonios directos, identificó al menos 15 ciudadanos que han sido arrestados o sometidos a prolongados interrogatorios por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de este año. En muchos de estos casos, los detenidos afirmaron inmediatamente su condición de estadounidenses, pero fueron ignorados por los oficiales y trasladados a centros de detención.
Entre los testimonios recopilados destaca el de Kenny Laynez-Ambrosio, un joven de 18 años nacido en West Palm Beach, Florida, quien fue arrestado durante una parada de tráfico en mayo. A pesar de gritar repetidamente “¡Soy de aquí!”, los agentes lo mantuvieron detenido durante seis horas, sin acceso a un abogado.
En California, Jason Brian Gavidia, de 29 años y también ciudadano estadounidense, fue reducido violentamente por agentes en su propio negocio de autos clásicos en Montebello. Otro caso emblemático es el de Julio Noriega, en Chicago, quien pasó 10 horas bajo custodia después de que oficiales de ICE lo esposaran mientras entregaba su currículum en busca de empleo.
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Las crecientes denuncias han llevado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a presentar una demanda contra el gobierno, argumentando que estas detenciones violan la Cuarta Enmienda al dirigirse de manera desproporcionada contra personas de origen latino.
Si bien un juez federal en Los Ángeles ordenó frenar temporalmente esta práctica, la Corte Suprema de Justicia suspendió dicha medida, permitiendo así que los agentes de ICE continúen con estos operativos. Este fallo ha sido interpretado por críticos como un permiso tácito para que continúen las tácticas de perfil racial.
Los testimonios recogidos por el Times muestran un claro patrón de redadas cada vez más agresivas, donde los oficiales exigen pruebas inmediatas de ciudadanía en calles, lugares de trabajo e incluso cerca de escuelas. La situación ha llevado a que muchos ciudadanos latinos, por temor a ser detenidos, hayan comenzado a portar sus pasaportes de manera habitual en su vida diaria.
El Cato Institute, un centro de estudios de tendencia libertaria, aportó datos que contextualizan la magnitud del problema, señalando que uno de cada cinco arrestos de ICE involucra a residentes latinos sin antecedentes penales ni órdenes de deportación activas.
El costo psicológico es profundo. “Ya no puedo trabajar tranquilo, siempre estoy nervioso”, declaró Leonardo García Venegas, un ciudadano que fue detenido en dos ocasiones en Alabama a pesar de haber mostrado una identificación válida en ambas oportunidades.
Con la Corte Suprema avalando el margen de acción de los agentes y la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo «la mayor operación de deportación de la historia», inspirada en la polémica «Operación Espalda Mojada» de la década de 1950, las comunidades latinas en Estados Unidos enfrentan un clima de incertidumbre y temor, donde el derecho a circular libremente parece estar supeditado a su apariencia física.
