Una coalición de derechos civiles exige la liberación de todas las personas gestantes detenidas tras documentar casos de abortos espontáneos, sangrados y maltratos.
Una impactante carta dirigida a altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a comités del Senado ha denunciado las terribles condiciones que sufren las mujeres embarazadas bajo custodia migratoria. El documento, firmado por organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y el National Immigration Project, detalla casos de «negligencia médica», abortos espontáneos, encadenamientos, aislamiento y alimentación inadecuada.
«Las historias que se recogen en esta carta son solo la punta del iceberg», afirmó Eunice Cho, asesora jurídica principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y autora de la misiva. «Hay mujeres que hablan de haber sido esposadas y sujetas mientras abortaban. Hay mujeres que pedían y suplicaban por cosas tan básicas como vitaminas prenatales y se les negaban».
Los grupos defensores exigen a ICE que identifique y libere de inmediato a todas las mujeres embarazadas detenidas y que se abstenga de arrestar a cualquier persona gestante, en posparto o en periodo de lactancia, una directiva que, alegan, está siendo violada sistemáticamente.
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La carta recoge los testimonios de más de una docena de mujeres, seis de las cuales aceptaron compartir sus historias públicamente bajo seudónimo por miedo a represalias. «Escuchamos múltiples historias de mujeres que perdieron sus embarazos durante la detención y sufrieron por la falta de atención médica adecuada», relató Cho. «Esas historias, creo, son realmente algunas de las más escalofriantes que he escuchado».
Uno de los casos más graves es el de «Lucía», quien este año, mientras estaba detenida, sufrió un fuerte sangrado y calambres en mitad de la noche. A pesar de pedir ayuda urgente, no fue atendida hasta media mañana del día siguiente. Según la denuncia, el personal médico la dejó sola en una habitación, sangrando, sin comida, agua ni analgésicos. Horas más tarde, fue trasladada esposada a un hospital, donde le informaron que había sufrido un aborto espontáneo y necesitó una transfusión de sangre. Un mes después, aún con dolor y sangrado, fue deportada.
Otro testimonio es el de «Marie», a quien se le informó que su embarazo era de alto riesgo. Detenida tras un problema con sus documentos, afirma que fue puesta en régien de aislamiento durante al menos tres días porque los funcionarios «no le creyeron cuando les informó de su embarazo». La carta detalla que se le negaron vitaminas prenatales, se le administró una vacuna sin su consentimiento ni traducción, y que sus quejas por fuertes calambres fueron ignoradas. Tras ser liberada gracias a la intervención de abogados, desarrolló eclampsia, una complicación grave que puso en riesgo su vida y la de su bebé, y requirió una larga hospitalización. «Sigue luchando contra la depresión posparto, en gran parte debido al trauma que sufrió mientras estuvo detenida», explicó Mich González, de Sanctuary Now Abolition Project.
Ante acusaciones similares en el pasado, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, negó en agosto que existieran condiciones deficientes en los centros de ICE, afirmando que se proporciona «tratamiento médico y la oportunidad de comunicarse con abogados y familiares». Calificó como «irresponsable» informar sobre dichas acusaciones y dijo que contribuían a la «demonización» de los funcionarios.
Los defensores insisten en que, a pesar de que la política de la Administración Biden limita la detención de personas gestantes, en la práctica, el aumento general de las detenciones y la negación de la libertad bajo fianza han resultado en un mayor número de mujeres embarazadas en custodia. «El simple estrés de estar detenido en este momento es horrible, especialmente porque la mayoría de las personas no tienen idea de cuándo terminará», aseguró González.
