Mientras el ICE asegura que el control fronterizo se mantiene, servicios clave como E-Verify y audiencias judiciales enfrentan suspensiones y retrasos.
El reciente cierre del gobierno federal de los Estados Unidos ha comenzado a generar afectaciones tangibles en el complejo sistema de inmigración del país. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aclarado que este evento no modifica las leyes migratorias ni las operaciones de control fronterizo, varios servicios esenciales han tenido que ser suspendidos o reducidos.
A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, ICE desmintió los rumores sobre una relajación en la frontera, afirmando: «No hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en la aplicación de las normas fronterizas. Las operaciones de seguridad y control permanecen estrictas, y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito».
Sin embargo, el cierre ha provocado la paralización temporal de funciones críticas. Una de las más significativas es la plataforma E-Verify, utilizada por los empleadores para verificar la elegibilidad laboral de sus nuevos contratados, lo que ralentizará procesos de contratación. Asimismo, el Departamento de Trabajo ha suspendido la emisión de certificaciones laborales, documentos fundamentales para la tramitación de visas de trabajo como la H-1B y la E-3.
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El sistema de tribunales de inmigración también se ha visto impactado de manera desigual. Se ha reportado la suspensión de audiencias para personas no detenidas en cortes de Nueva York, Atlanta y Virginia, mientras que en otras jurisdicciones estas continúan, especialmente para los inmigrantes que se encuentran bajo custodia. Esta situación amenaza con agravar la ya enorme acumulación de casos pendientes, que supera los 3.4 millones.
Por otro lado, la mayoría de los trámites consulares, como la expedición de pasaportes y visas, continúan operando con relativa normalidad, ya que estos servicios del Departamento de Estado se financian principalmente con las tarifas pagadas por los solicitantes y no dependen directamente del presupuesto congressional no aprobado.
Los expertos advierten que si el cierre se prolonga, las consecuencias serán más severas, pudiendo reprogramarse decenas de miles de audiencias, tal como ocurrió durante el cierre de 2019, lo que generaría retrasos adicionales de meses o incluso años en la ya sobrecargada maquinaria de inmigración estadounidense.
