Publicado el 21 de abril de 2025
Una demanda colectiva presentada el viernes en Nuevo Hampshire solicita a un tribunal federal que restablezca el estatus legal de los estudiantes internacionales afectados por el temor a la deportación.
La demanda, presentada por varias filiales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), busca representar a más de 100 estudiantes en Nueva Inglaterra y Puerto Rico.
«Los estudiantes internacionales son una comunidad vital en las universidades de nuestro estado, y ninguna administración debería poder eludir la ley para despojar unilateralmente a los estudiantes de su estatus, interrumpir sus estudios y ponerlos en riesgo de deportación», declaró Gilles Bissonnette, director legal de la ACLU de Nuevo Hampshire.
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En escuelas de todo el país, estudiantes han visto revocadas sus visas o canceladas sus estatus legales, generalmente con poco aviso.
Aproximadamente 1100 estudiantes en más de 170 universidades y sistemas universitarios se han visto afectados desde finales de marzo, según una revisión de Associated Press de declaraciones universitarias, correspondencia con funcionarios escolares y registros judiciales. AP está trabajando para confirmar los informes de cientos de estudiantes más afectados.
Estudiantes han presentado otras demandas argumentando que se les negó el debido proceso. Jueces federales han otorgado órdenes de restricción temporales en New Hampshire, Wisconsin y Montana, protegiendo a los estudiantes de los intentos de expulsarlos de EE. UU.
Los autores de la nueva demanda, presentada ante un tribunal federal de New Hampshire, se enteraron sin previo aviso de que sus estatus de estudiante F-1 habían sido cancelados, lo que pone en duda su capacidad para permanecer en el país y finalizar sus estudios, según la denuncia.
El gobierno no emitió el aviso que debe proporcionar antes de cancelar la estancia legal de un estudiante extranjero, afirmaron los abogados.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.
El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el Departamento de Estado estaba revocando las visas de visitantes que actuaban en contra de los intereses nacionales, incluyendo algunos que protestaron contra la guerra de Israel en Gaza y quienes enfrentan cargos penales.
En algunos casos de alto perfil, como el del activista Mahmoud Khalil de la Universidad de Columbia, la administración Trump ha citado la participación en activismo propalestino como justificación para la deportación. De igual manera, la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk, ha sido acusada de apoyar a Hamás, aunque no se le han imputado cargos por ningún delito.
Sin embargo, las universidades afirman que la mayoría de los estudiantes afectados por la revocación de visas no participaron en esas protestas. Muchos están siendo señalados por infracciones menores, como infracciones de tránsito, ocurridas hace mucho tiempo, y en algunos casos el motivo no está claro, según las universidades.
Fuente: El Diario de Miami
