La Fiscalía cubana ha solicitado una severa sanción de cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para la reconocida intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández. La académica enfrenta acusaciones de desacato, desobediencia y atentado, cargos que se derivan de su detención el 18 de junio de 2024. En esa fecha, López Hernández, junto a la antropóloga y también activista Jenny Victoria Pantoja Torres, se dirigía a La Habana con la intención de participar en una protesta pacífica, cuando ambas fueron interceptadas por agentes de la Policía en la provincia de Matanzas.
La fiscal del caso, Ana Lilian Caballero Arango, presentó un extenso informe en el que, además de la sanción para López Hernández, solicita tres años de sanción sustitutiva para Pantoja Torres por el presunto delito de atentado. Adicionalmente, se les exige el pago de supuestos daños materiales a una oficial de policía: 650 pesos cubanos (CUP) por parte de López Hernández, correspondientes a la rotura del uniforme de la agente, y 500 CUP por parte de Pantoja, destinados a la reposición de extensiones artificiales en el cabello de la misma oficial.
Un «Guion Dramático» para Encubrir la Represión Política
Alina Bárbara López Hernández ha calificado el expediente fiscal en su contra como un «guion dramático» plagado de falsedades, cuyo principal objetivo, según denuncia, es negar el evidente carácter político del caso. En un extenso y detallado texto publicado en su perfil de Facebook, la historiadora y ensayista denuncia que tanto ella como Jenny Pantoja fueron víctimas de violencia policial durante su detención. Esta violencia, afirma, derivó en lesiones físicas que fueron documentadas médicamente, pero que, sin embargo, no han sido tomadas en consideración durante el proceso judicial.
«Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida…», relata López Hernández en su publicación. Como consecuencia de las agresiones sufridas, la intelectual fue diagnosticada posteriormente con laberintitis postraumática. Jenny Pantoja, por su parte, sufrió contusiones en el pecho tras ser inmovilizada por la misma agente implicada en los supuestos daños.
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En su contundente declaración, Alina Bárbara López Hernández arremete contra el intento de las autoridades de despojar el caso de su trasfondo político: «La fiscal pretende despojar lo ocurrido de su naturaleza política, que es más que evidente y que desnuda a un Estado en el acto de impedir -violencia mediante- el ejercicio de derechos constitucionales». Es importante destacar que las imputaciones fiscales no mencionan en ningún momento que ambas mujeres se dirigían a ejercer su derecho fundamental a la protesta pacífica, un derecho reconocido, al menos en teoría, por la propia Constitución cubana.
Un Juicio a la Constitución y la Solidaridad Internacional
En lugar de reconocer el contexto de activismo cívico, la versión oficial describe a las intelectuales como protagonistas de una supuesta trifulca vial, presentando versiones que López Hernández califica de «inverosímiles» y «absurdas». A pesar de gozar de una reconocida y respetada trayectoria intelectual tanto dentro como fuera de Cuba, ambas mujeres enfrentan un proceso judicial que, según denuncian, busca castigar su activismo y enviar un mensaje disuasorio a quienes se atreven a cuestionar el sistema imperante en la isla.
Aunque el juicio aún no tiene una fecha fijada, Alina Bárbara López Hernández ha advertido con firmeza que en el banquillo de los acusados «no estaremos nosotras solas: será la Constitución de 2019 la que se siente, una vez más, como acusada». Esta declaración alude a la flagrante contradicción entre los derechos que la Carta Magna cubana reconoce formalmente y su aplicación práctica bajo un régimen que, según sus críticos, opera como una dictadura. El juicio contra las dos intelectuales se llevará a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
El caso ha generado una ola de reacciones entre activistas y defensores de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Numerosas voces han advertido que esta forma de criminalización del disenso vulnera flagrantemente los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de derechos humanos. «Las dictaduras no pueden disfrazarse de democracias, aunque lo intenten», sentenció López Hernández, dejando clara su inquebrantable postura de resistencia pacífica ante lo que considera un juicio político encubierto. «En los próximos días haremos una declaración donde quedará clara nuestra postura acerca de la sanción propuesta por Fiscalía», anunció la académica.
Esta no es la primera vez que la destacada intelectual se enfrenta a la justicia cubana. En noviembre de 2023, fue sometida a juicio por un presunto delito de desobediencia, después de que en abril de ese mismo año saliera con un cartel al parque central de Matanzas para exigir la liberación del escritor y periodista Jorge Fernández Era. En aquel proceso, fue hallada culpable y sancionada con el pago de una multa.
Preguntas frecuentes sobre la situación judicial de Alina Bárbara López Hernández
¿Por qué la Fiscalía cubana pide prisión para Alina Bárbara López Hernández?
La Fiscalía cubana solicita una sanción de cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para Alina Bárbara López Hernández, acusándola de los delitos de desacato, desobediencia y atentado. Estos cargos se originaron tras su detención el 18 de junio de 2024, cuando ella y la activista Jenny Pantoja Torres se dirigían a La Habana para participar en una protesta pacífica. López Hernández y sus defensores sostienen que estas imputaciones son un intento de castigar su activismo cívico y disuadir a otras voces críticas del régimen cubano.
¿Qué reacciones ha provocado el caso de Alina Bárbara López Hernández?
El caso de Alina Bárbara López Hernández ha generado una amplia condena y preocupación entre activistas y organizaciones de derechos humanos tanto en Cuba como a nivel internacional. Consideran que este proceso judicial es una clara vulneración de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano. Se percibe como un ejemplo más de la criminalización del disenso político y un intento de acallar las voces críticas al régimen.
¿Cuál es el contexto de represión contra activistas en Cuba?
El contexto actual en Cuba se caracteriza por una represión continua y sistemática contra activistas, periodistas independientes y cualquier voz disidente. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias, actos de violencia, hostigamiento y procesos judiciales fabricados. Estas acciones buscan silenciar a quienes exigen el respeto a los derechos civiles y políticos en la isla.
¿Qué acciones ha tomado Alina Bárbara López Hernández frente a su situación judicial?
Alina Bárbara López Hernández ha denunciado públicamente el proceso judicial en su contra, calificándolo como un «juicio político encubierto». Mantiene una firme postura de resistencia pacífica y ha manifestado que este juicio no solo la involucra a ella y a Jenny Pantoja, sino que también pone en tela de juicio la validez de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución cubana de 2019, cuya aplicación práctica es frecuentemente negada por el régimen.
