En una decisión que ha generado considerable controversia, el expresidente Donald Trump indultó a un empresario de Miami, Lawrence Duran, quien cumplía una condena de 50 años de prisión por orquestar el mayor esquema de fraude al sistema público de salud Medicare en la historia de Estados Unidos. La conmutación de su sentencia se produjo el pasado 28 de mayo, como parte de una serie de más de dos docenas de clemencias otorgadas por el entonces mandatario.
El caso de Duran resalta entre los demás indultos debido a la magnitud del fraude, el impacto en el sistema de salud y la severidad de la condena original. Hasta el momento de su liberación, Duran cumplía la sentencia más larga jamás impuesta por fraude al Medicare: medio siglo tras las rejas.
Un Esquema de Fraude Monumental al Medicare
Lawrence Duran era copropietario de American Therapeutic Corporation (ATC), una extensa cadena de clínicas de salud mental con sede en Miami y operaciones en Orlando y otras áreas del sur de Florida. A través de esta empresa, entre los años 2002 y 2010, Duran, junto a su pareja y socia Marianella Valera, dirigió un elaborado plan para defraudar al sistema federal Medicare por una suma superior a los 205 millones de dólares, de los cuales lograron cobrar efectivamente alrededor de 87 millones.
La operativa de ATC consistía en presentar reclamaciones falsas por supuestas terapias de salud mental que nunca se realizaban o que se aplicaban a pacientes que no eran aptos para recibirlas. Entre las víctimas de este esquema se encontraban personas de la tercera edad con condiciones graves como Alzheimer o demencia, quienes ni siquiera podían participar activamente en las sesiones grupales que se facturaban fraudulentamente al gobierno.
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Según los fiscales federales, los acusados presentaron más de 866,000 reclamaciones fraudulentas. Para justificar estas terapias ficticias, incluso “organizaron ‘fiestas de registro médico’ en las que falsificaban expedientes clínicos”. Los millonarios pagos recibidos eran posteriormente lavados a través de empresas fantasma, como MedLink Professional Management Group y American Sleep Institute, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.
Una Red de Corrupción Sofisticada y con Alcance Político
El fraude no fue obra de unos pocos individuos. Duran y Valera contaron con la colaboración de una amplia red de más de 30 personas, que incluía médicos, psiquiatras, consejeros, reclutadores de pacientes y personal administrativo. Pagaban sobornos a centros de vida asistida y residencias de ancianos para que les remitieran pacientes, quienes en ocasiones también recibían una parte del dinero obtenido ilícitamente. “En algunos casos, los pacientes recibieron una parte de dichos sobornos”, declaró el Departamento de Justicia. El objetivo era simple: inflar las listas de pacientes con personas vulnerables, justificar tratamientos innecesarios y facturar sumas millonarias a Medicare.
Una figura clave en esta trama fue Judith Negrón, vicepresidenta de MedLink, quien fue hallada culpable de 24 cargos por fraude, conspiración, lavado de dinero y pago de sobornos, siendo sentenciada a 35 años de prisión en 2011. Curiosamente, Trump también conmutó la pena de Negrón en 2020, durante su primer mandato presidencial.
Con el dinero obtenido del fraude, Duran y Valera disfrutaban de una vida de lujos, residiendo en un condominio frente a la bahía de Miami y desplazándose en un Maserati. Pero su ambición no se detuvo en el enriquecimiento personal. En 2006, Duran fundó y dirigió la National Association of Behavioral Health (NABH), una organización de fachada que utilizaba para ejercer presión sobre el Congreso con el objetivo de mantener o aumentar la financiación de los programas de hospitalización parcial, precisamente los mismos programas que su empresa explotaba fraudulentamente. “En realidad, NABH era una organización que le proporcionó a Durán un vehículo de apariencia legítima para presionar al Congreso con el fin de asignar más dinero, a través de Medicare, a Durán y sus co-conspiradores por sus reclamaciones fraudulentas”, escribió la abogada del Departamento de Justicia, Jennifer Saulino, en una presentación judicial. Además, Duran instruía al personal de NABH sobre “cómo ganar apelaciones de denegaciones de reclamos de Medicare, basándose en la experiencia de ATC”, extendiendo así sus métodos fraudulentos a otros centros.
Condena Ejemplar, Perdón Polémico que Reabre Heridas
En mayo de 2011, Duran y Valera se declararon culpables. En septiembre de ese mismo año, Duran fue sentenciado a 50 años de prisión y condenado a pagar más de 87 millones de dólares en restitución. Esta fue la pena más severa jamás emitida por fraude al Medicare, superando ampliamente el récord anterior de 30 años. Valera, por su parte, recibió una condena de 35 años, que posteriormente fue reducida a 15 años, siendo liberada en 2020. Margarita Acevedo, directora de marketing de ATC, fue condenada a 91 meses de prisión, y otros empleados y cómplices también recibieron sentencias.
Las autoridades federales celebraron en su momento estas sentencias como un mensaje contundente contra el fraude. “Espero que esto transmita un mensaje a quienes buscan defraudar al gobierno… irán a la cárcel por mucho tiempo si los atrapan”, escribió Saulino. Y durante una década, ese mensaje pareció prevalecer.
La decisión del expresidente Trump de indultar al empresario de Miami Lawrence Duran ha sido recibida con asombro y profunda preocupación. La magnitud del fraude, la cínica explotación de pacientes vulnerables y la sofisticada estructura del esquema criminal convirtieron este caso en un referente. La liberación de su autor intelectual plantea serias interrogantes sobre los criterios utilizados para otorgar clemencia presidencial. Para muchos, este indulto no solo borra una sentencia que se consideraba ejemplar, sino que también envía un peligroso mensaje: que incluso los crímenes más graves y dañinos pueden ser perdonados si se cuenta con el favor político adecuado.
