En una nueva e impactante medida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha anunciado que eliminará las abultadas multas a migrantes indocumentados que se hayan acumulado, siempre y cuando cumplan una condición específica: autodeportarse del país utilizando la aplicación CBP One (anteriormente conocida como CBP Home). Esta herramienta tecnológica está diseñada para gestionar la salida voluntaria de quienes se encuentran en situación migratoria irregular.
Autodeportación Voluntaria: Beneficios y Advertencias del DHS
La estrategia del gobierno busca promover y facilitar la autodeportación como la principal vía de salida para los indocumentados. En un comunicado oficial emitido el 9 de junio, el DHS fue tajante: «Con un vuelo gratuito, un estipendio de 1,000 dólares y el perdón de las multas, los inmigrantes ilegales no tienen excusa para quedarse en Estados Unidos».
Con un vuelo gratuito, un estipendio de $1,000 y el perdón de las multas, los inmigrantes ilegales no tienen excusa para quedarse en Estados Unidos.
— DHS (@DHSgov) June 9, 2024
Los beneficios ofrecidos por esta controvertida iniciativa incluyen:
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- Perdón total de las multas civiles acumuladas por no abandonar el país.
- Viaje gratuito al país de origen.
- Un bono de salida de 1,000 dólares, entregado una vez que se confirme el regreso.
El comunicado del DHS enfatiza que «la autodeportación es la forma más segura y económica de salir de EE.UU.» y añade que, al optar por esta vía, los migrantes «controlan su salida y pueden conservar la oportunidad de regresar a EE.UU. de forma correcta y legal en el futuro». La aplicación CBP One, crucial para este proceso, ya está disponible en dispositivos Android y Apple, además de poder acceder directamente desde el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional.
No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido enfática en su advertencia a quienes opten por ignorar esta opción: “Si se encuentra aquí ilegalmente, use la aplicación CBP One para controlar su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa. Si no lo hace, estará sujeto a multas, arresto, deportación y nunca podrá regresar”. Esta declaración subraya una estrategia dual: beneficios atractivos para la salida voluntaria, pero mano dura y severas consecuencias para quienes decidan permanecer de forma irregular.
El Origen de las Sanciones: Una Ley Reactivada y Sus Millonarias Multas
Las elevadas multas a migrantes indocumentados que ahora se perdonan tienen su origen en una antigua ley migratoria de 1996, la cual fue reactivada en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump. Esta legislación permite imponer sanciones económicas diarias a los migrantes que incumplen órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración en Estados Unidos.
Hasta el momento, las multas impuestas han alcanzado cifras astronómicas, llegando hasta los 1.8 millones de dólares en algunos casos y afectando a cerca de 4,500 migrantes. Las autoridades estiman que el monto total acumulado por sanciones impuestas a 1.4 millones de personas con órdenes finales de deportación superaría los 500 millones de dólares, según confirmó un alto funcionario a Reuters bajo condición de anonimato. Estas multas, que pueden llegar a los 998 dólares diarios, se aplican retroactivamente por un periodo de hasta cinco años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es el encargado de notificar estas sanciones, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la responsable de ejecutar posibles embargos. Los migrantes tienen un plazo de 30 días para apelar estas multas, siempre bajo juramento y con documentación probatoria.
Casos Emblemáticos: El Impacto Humano de las Multas
Uno de los casos más notorios en las últimas semanas ha sido el de Wendy Ortiz, una salvadoreña de 32 años residente en Pensilvania. Wendy, quien lleva una década en EE.UU. trabajando en una planta empacadora de carne con un salario de 13 dólares la hora, recibió una multa de 1.8 millones de dólares. Su situación es particularmente compleja: huyó de El Salvador debido a violencia doméstica y amenazas de pandillas, y su hijo de seis años es ciudadano estadounidense y vive con autismo, dependiendo de terapias especializadas.
Ortiz cruzó la frontera en 2015 y fue liberada tras ser considerada con «temor creíble», pero nunca recibió una citación judicial, lo que resultó en su deportación *in absentia* en 2018. En enero pasado, su abogada, Rosina Stambaugh, solicitó alivio humanitario y la reapertura de su caso, argumentando los peligros que Wendy enfrentaría en El Salvador y el impacto en la salud de su hijo. Sin embargo, la reconfiguración política ha añadido incertidumbre a su situación.
Otros casos similares ilustran la magnitud del problema. Varios abogados han reportado sanciones que van desde unos pocos miles hasta el máximo de 1.8 millones de dólares. Un ejemplo es el de una clienta mexicana de Robert Scott, quien lleva 25 años en Estados Unidos y también recibió la multa máxima, sin tener conocimiento previo de una orden de deportación desde 2013. Estos casos afectan profundamente a familias con estatus migratorio mixto, como la de Rosa, una ciudadana estadounidense cuyo esposo hondureño fue multado con 5,000 dólares. Aunque recibió una salida voluntaria en 2018, no abandonó el país debido a un tratamiento contra el cáncer.
Expertos legales anticipan una oleada de litigios y resistencia judicial en las próximas semanas, a medida que más migrantes y sus defensores busquen respuestas y soluciones ante esta compleja política migratoria.
