Stacie-Marie Laughton, quien hizo historia en la política estatal, se declara culpable de cargos federales por explotación sexual de menores en una guardería.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad y desencadenado una amplia condena, la exrepresentante estatal de New Hampshire, Stacie-Marie Laughton, de 41 años, se ha declarado culpable de cargos federales por explotación sexual de niños. Laughton, un hombre biológico que se identifica como mujer y que fue aclamado como un pionero al convertirse en el primer legislador abiertamente transgénero de los Estados Unidos tras su elección en 2012, ahora enfrenta hasta 30 años de prisión federal.
De acuerdo con los fiscales federales, los cargos se derivan de un horrible incidente ocurrido en una guardería de Tyngsborough, Massachusetts. La expareja de Laughton, Lindsay Groves, quien trabajaba en la guardería «Creative Minds», le envió cuatro fotografías explícitas de niños que se cree tenían entre 3 y 5 años de edad. Las imágenes fueron tomadas por Groves en el baño de la guardería entre mayo y junio de 2022, aprovechando los momentos en que los niños usaban el baño de forma natural.
Según la investigación, Laughton le solicitó a Groves que tomara las «náuseantes» fotografías y mantuvo con ella un intercambio de miles de mensajes de texto sobre las mismas. El mes pasado, Groves también se declaró culpable de explotación sexual de menores y distribución de pornografía infantil. Ambos fueron acusados formalmente en agosto de 2023 con tres cargos de explotación sexual de niños.
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La carrera política de Laughton en la Cámara de Representantes de New Hampshire había estado previamente marcada por la controversia legal, habiendo sido forzada a renunciar en dos ocasiones anteriores debido a otros problemas con la ley, incluyendo condenas por delitos graves de fraude con tarjetas de crédito y conspiración en 2008.
La sentencia para Laughton y Groves está programada para febrero. El cargo de explotación sexual de niños conlleva una pena obligatoria de entre 15 y 30 años de prisión, libertad supervisada de por vida y una multa de hasta $250,000.
