Bajo una estricta política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis, Florida se ha convertido en el único estado del país donde la totalidad de sus 67 condados colabora activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta cooperación se formaliza a través del programa 287(g), que permite a las policías locales ejercer funciones de agentes de inmigración.
En el sur de Florida, una región con una profunda herencia inmigrante, un número significativo de gobiernos municipales también ha decidido adherirse a esta iniciativa de forma individual, generando un intenso debate sobre seguridad y derechos civiles.
Lista de Ciudades del Sur de Florida que Colaboran con ICE
A continuación se presenta la lista de las ciudades en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe que, además de la colaboración a nivel de condado, han firmado sus propios acuerdos para trabajar con ICE:
- Condado Miami-Dade: Miami, Hialeah, Doral, Homestead, Sweetwater, Coral Gables, West Miami, Miami Springs y Sunny Isles Beach.
- Condado Broward: Davie y Pompano Beach.
- Condado Monroe: Key West y Key Colony Beach.
¿Qué es y Cómo Funciona el Programa 287(g)?
Autorizado por el Congreso en 1996, el programa 287(g) delega funciones federales de inmigración a agencias estatales y locales. Bajo este acuerdo, los oficiales locales pueden verificar el estatus migratorio de personas detenidas, ejecutar órdenes de arresto de ICE e investigar a individuos durante sus patrullajes. Existen tres modelos operativos principales:
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- Control en cárceles: Permite a los oficiales verificar el historial migratorio de cualquier persona ingresada en una cárcel local.
- Cumplimiento de órdenes: Autoriza a la policía local a ejecutar órdenes de arresto emitidas por ICE.
- Equipo de trabajo: Faculta a los oficiales para actuar como agentes de inmigración en operativos y tareas diarias.
El Impulso de Florida a las Políticas Migratorias Estrictas
El gobernador Ron DeSantis ha sido una figura clave en la reactivación del programa, declarando que «Florida no será un estado santuario». Su administración ha implementado un paquete de leyes que incluye la criminalización del ingreso ilegal al estado, la retención obligatoria de detenidos por hasta 48 horas para ser entregados a ICE y el uso forzoso del sistema E-Verify para todos los empleadores. Además, se destinó un presupuesto de 250 millones de dólares para apoyar estos operativos a nivel local.
“Si todos los estados hicieran lo mismo, este problema desaparecería mucho más rápido”, declaró DeSantis durante un evento oficial.
Controversia y Críticas a la Colaboración con ICE
Estas políticas han encontrado una fuerte oposición de organizaciones de derechos civiles. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha advertido que estas medidas fomentan la discriminación racial y erosionan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. «Esta ley y la retórica que la rodea fomentarán la discriminación racial y el miedo», afirmó Kara Gross, directora legislativa de la ACLU en Florida.
Mientras tanto, defensores de la ley como el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, aseguran que simplemente están «siguiendo la ley» para expulsar a criminales. Sin embargo, el propio sheriff ha advertido que sin una ampliación de la capacidad carcelaria, «el sistema se colapsará en días», evidenciando los desafíos logísticos de esta política de línea dura.
