La decisión de Delta Air Lines de suspender sus vuelos regulares a Cuba a partir de octubre de 2025 representa un punto de inflexión en la compleja relación aerocomercial entre ambos países, marcando el retroceso más significativo desde el breve período de apertura iniciado en 2016. Esta medida, que se suma a reducciones similares implementadas por United Airlines, American Airlines y JetBlue, refleja una realidad económica incontestable: el mercado aéreo entre Cuba y Estados Unidos se ha contraído a niveles insostenibles para las aerolíneas comerciales.
Delta, segunda aerolínea estadounidense en volumen de operaciones, solicitó formalmente al Departamento de Transporte de EE.UU. la suspensión de todos sus vuelos entre Atlanta y La Habana desde el 26 de octubre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026, además de reducir a la mitad sus 14 conexiones semanales desde Miami. La compañía justificó esta decisión citando «la baja demanda actual del mercado EE.UU.-Cuba», aunque expresó su confianza en una eventual recuperación futura.
El contexto inmediato de esta retirada es multidimensional. Por el lado cubano, la profunda crisis económica que atraviesa la isla -con una contracción del PIB estimada en 12% entre 2023-2025- ha reducido drásticamente la capacidad de viajar tanto de cubanos como de visitantes extranjeros. El turismo internacional, que alcanzó su punto álgido en 2017 con 4.7 millones de visitantes, se ha desplomado a menos de 1.5 millones en 2024, afectando directamente la demanda de plazas aéreas.
Paralelamente, las restricciones impuestas por la administración Biden a los viajes grupales de «intercambio educativo» (categoría más utilizada por los estadounidenses para visitar Cuba) y la prohibición de vuelos a nueve aeropuertos provinciales cubanos en 2022, han limitado significativamente el flujo desde Estados Unidos. Estas medidas, implementadas bajo presión política de sectores del exilio cubano en Florida, han tenido un efecto devastador en la conectividad aérea.
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La infraestructura aeroportuaria cubana presenta desafíos adicionales. El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, principal puerta de entrada al país, opera con equipamiento obsoleto y capacidades técnicas limitadas. Según un informe interno de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) obtenido por este medio, las condiciones de navegación aérea en Cuba se encuentran «por debajo de los estándares internacionales mínimos», con sistemas de control de tráfico aéreo que datan de los años 80 y frecuentes interrupciones por cortes eléctricos.
Las consecuencias de esta contracción aérea son profundas y multifacéticas:
Impacto Humanitario y Familiar
La reducción de conexiones aéreas afecta directamente a la diáspora cubana en Estados Unidos, estimada en más de 2 millones de personas. El aumento de tarifas -los boletos Miami-La Habana superan regularmente los $800 ida y vuelta- y la disminución de frecuencias dificultan las visitas familiares, especialmente en emergencias. Organizaciones comunitarias como la Fundación Cubanoamericana reportan un incremento del 40% en solicitudes de ayuda para reunificación familiar desde 2023.
Consecuencias Económicas
Cada vuelo suspendido representa pérdidas significativas para la economía cubana. Según cálculos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, cada pasajero aéreo genera un impacto económico promedio de $1,200 durante su estancia en la isla. La reducción de 20 vuelos semanales anunciada por Delta equivale a una pérdida anual estimada de $125 millones en divisas para el país.
Aislamiento Académico y Científico
La conectividad aérea reducida afecta severamente el intercambio académico. Universidades estadounidenses han cancelado programas de investigación conjuntos debido a la dificultad para transportar equipos y personal. El Instituto de Meteorología de Cuba reporta que 7 de sus 15 proyectos internacionales han sido suspendidos por problemas logísticos relacionados con la conectividad aérea.
Alternativas Limitadas
Ante la retirada de aerolíneas estadounidenses, Cubana de Aviación y aerolíneas charter han incrementado sus operaciones, pero con capacidades limitadas y tarifas sustancialmente más altas. Vuelos vía terceros países como México, Panamá o Canadá se han convertido en alternativas, pero encarecen y prolongan significativamente los viajes.
Expertos en aviación comercial coinciden en que la recuperación del mercado aéreo Cuba-EE.UU. requerirá cambios estructurales en ambos lados del estrecho de Florida. Por parte cubana, es urgente modernizar la infraestructura aeroportuaria y flexibilizar las regulaciones que dificultan las operaciones de las aerolíneas. Por parte estadounidense, se necesitaría una revisión de las restricciones de viaje que permita un flujo más natural de visitantes.
La situación actual contrasta marcadamente con el optimismo de 2016, cuando varias aerolíneas estadounidenses compitieron agresivamente por rutas hacia Cuba. Aquel período de apertura, aunque breve, demostró la existencia de demanda latente para un transporte aéreo regular y accesible entre ambos países.
Delta Air Lines mantiene oficialmente su «compromiso a largo plazo con el mercado cubano», pero analistas del sector consideran improbable una reactivación significativa antes de 2027. Mientras tanto, la contracción del espacio aéreo Cuba-Estados Unidos profundiza el aislamiento de la isla y dificulta los contactos personales, comerciales y culturales que podrían tender puentes entre ambas naciones.
En última instancia, la decisión de Delta refleja una realidad económica sería: en el negocio de la aviación comercial, las rutas no rentables no se mantienen por razones sentimentales o políticas. La reconexión aérea completa entre Cuba y Estados Unidos dependerá no solo de cambios políticos, sino de la creación de condiciones que permitan operaciones sostenibles desde el punto de vista comercial -algo que, en el escenario actual, parece cada vez más distante.
