Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) ha generado una considerable expectativa y un nuevo debate legal en torno al futuro de miles de migrantes cubanos en Estados Unidos, particularmente aquellos que fueron liberados con el controvertido formulario I-220A tras cruzar la frontera sur. Este fallo judicial sobre cubanos con I-220A, aunque basado en un caso individual, presenta argumentos legales que podrían sentar un precedente trascendental.
El núcleo del fallo radica en el análisis del caso de un migrante a quien, en lugar de ser procesado bajo la sección 235 de la Ley de Inmigración –la cual permite la entrada legal al país mediante un «parole» (permiso de permanencia temporal)–, se le entregó un formulario I-220A. Este último documento representa una forma de libertad bajo supervisión que, crucialmente, no confiere un estatus migratorio formal. La Junta concluyó que este procedimiento fue incorrecto, argumentando que los solicitantes de admisión, como el migrante en cuestión, debieron haber sido procesados bajo la citada sección 235. Esto implica que su liberación solo habría sido legalmente válida si se les hubiera otorgado un parole.
Interpretación Clave: «Este Argumento ya no es Solo una Interpretación Nuestra»
Rosaly Chaviano, abogada de inmigración con sede en Miami, en declaraciones al periodista Alexis Boentes de la cadena Telemundo, afirmó que esta decisión cambia significativamente las reglas del juego para los casos de cubanos con I-220A. “Este argumento ya no es solo una interpretación nuestra como abogadas, sino que ahora está respaldado por la interpretación de una corte federal”, señaló Chaviano, destacando el peso legal que adquiere esta perspectiva.
Implicaciones para la Ley de Ajuste Cubano y Nuevas Estrategias Legales
El estatus de «parole» es un requisito esencial para que los ciudadanos cubanos puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una legislación que les permite solicitar la residencia permanente después de un año y un día de presencia física en Estados Unidos. Tradicionalmente, aquellos que ingresaron con un formulario I-220A han sido excluidos de esta posibilidad por no contar con dicho parole. Sin embargo, este nuevo precedente judicial abre la puerta para que los abogados argumenten que sus clientes, los cubanos con I-220A, debieron haber recibido un parole desde el momento de su entrada.
La abogada Chaviano indica que, a raíz de este fallo judicial, ahora existen varias estrategias legales que se pueden implementar. La interpretación judicial permite a los defensores:
- Solicitar correcciones en los registros de entrada de sus clientes.
- Apelar rechazos anteriores de solicitudes de residencia.
- Fortalecer los argumentos durante entrevistas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
- Presentar mociones nuevas y fundamentadas ante los tribunales de inmigración.
“Esta decisión nos abre una puerta en corte para decirle a un juez: ‘mi cliente debió haber recibido un parole y por lo tanto califica para la residencia’”, señala la letrada.
Un Aspecto Preocupante: Derecho a Fianza y Riesgos de Detención
No obstante, la abogada también explica que el fallo judicial sobre cubanos con I-220A arroja un aspecto preocupante. Aclara que los migrantes con este formulario no tienen un derecho automático a fianza si son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto los deja en una posición vulnerable ante cualquier incidente legal, incluso si se trata simplemente de acudir a una cita programada con las autoridades migratorias.
“Definitivamente, si una persona comete un delito, puede ser arrestada y no tendría derecho a fianza. Pero también hemos visto casos donde ICE decide detener a alguien en el momento en que acude a una cita”, advirtió Chaviano, subrayando los riesgos que aún enfrentan los cubanos con I-220A a pesar de este avance legal. El fallo original del juzgado puede ser consultado para un análisis más detallado.
