Alejandro García Arias lucha desde 2023 contra una red de estafadores que le arrebató la vivienda de sus hijos menores en Línea #406, Vedado. A pesar de que los responsables, Jorge Linares y Leidis Lahera, están siendo investigados por DICO por estafar casi 7 millones de pesos, la propiedad sigue en manos de desconocidos alquilados por la madre de la acusada. La respuesta de un oficial: «Los casos donde se confiscan bienes son narcotráfico o terrorismo». Ahora, tras 3 semanas de la primera denuncia y la aparición de autoridades, Leidis Lahera ha sido liberada y promete devolver el apartamento.
Una nueva denuncia de Alejandro García Arias actualiza el caso que publicamos a principios de febrero sobre una red de estafa inmobiliaria que opera en La Habana. Tras tres semanas de visibilidad mediática, las autoridades han aparecido en el lugar, pero la situación de su familia sigue sin resolverse. Mientras tanto, la principal acusada, que había sido detenida, ha sido puesta en libertad y ahora promete devolver la propiedad.
Los hechos: una vivienda comprada con dinero robado
Alejandro denunció que un grupo organizado de estafadores, encabezado por Jorge Linares González y Leidis Lahera Fernández, adquirió en diciembre de 2023 una vivienda en calle San Miguel #769, entre Soledad y Oquendo, con dinero obtenido de estafas. Ambos están siendo investigados por DICO (Criminalística) en la unidad de Picota, Habana Vieja.
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Según información del MININT, los estafadores acumulan casi 7 millones de pesos entre CUP y USD.
La víctima: los hijos menores de Alejandro
La propiedad que Alejandro reclama es el apartamento de sus hijos menores, ubicado en Avenida Línea #406, apto 7, entre F y G, Vedado, colindante a la Biblioteca de Casa de las Américas.
Actualmente, el inmueble está siendo usurpado por una pareja de desconocidos que alquilan ilegalmente el lugar, gestionados por Elva Lahera, madre de la presidiaria Leidis Lahera.
La respuesta de la justicia: «No es habitual la ocupación en otros delitos»
Alejandro denunció que presentó cuatro quejas ante la PNR de Zapata y C, todas archivadas. La Fiscalía Municipal actuó de forma «omisa y oscura». Pero lo más grave fue la respuesta verbal de un oficial actuante:
- «Los casos que le son confiscados los bienes adquiridos y malhabidos son delitos de narcotráfico o terrorismo, o contra la seguridad del Estado. No es habitual la ocupación en otros delitos».
Alejandro interpreta: «O sea, van a legalizar la compra de inmueble con dinero de estafa y robo».
Las nuevas autoridades: aparecieron, pero no resuelven
Luego de tres semanas de publicada la primera denuncia, aparecieron autoridades en la vivienda de San Miguel. Sin embargo, el interés de las autoridades, según Alejandro, no es devolverle su propiedad, sino que él y su familia sean «devueltos» al apartamento de sus hijos.
Los obstáculos actuales
La familia enfrenta múltiples barreras:
- El CDR pide la presencia de Vivienda Municipal o Gobierno para permitir el acceso.
- La propiedad sigue usurpada por una pareja de desconocidos, alquilados ilegalmente por Elva Lahera.
- Elva Lahera no confía en su propia familia para otorgar un poder notarial y resolver el proceso de familia (expediente 120/2024), que fue declarado nulo por el Tribunal Provincial.
- Dos rejas protectoras de la vivienda de Alejandro fueron sustraídas y negociadas por los estafadores como pago de una deuda. Hoy están colocadas en el portal de la vivienda de los bajos, donde los estafadores montaron una empresa falsa que sirvió de fachada.
La noticia de hoy: Leidis Lahera en libertad
Alejandro informa que hoy, a las 12 de la noche, Leidis Lahera, la exreclusa de El Guatao, fue puesta en libertad o beneficiada con un cambio de medida. Según ella misma dice, está «investigada pero no sancionada».
Junto a su madre, Elva Lahera, se presentó con «voluntad total de resolución» y prometió devolver el apartamento de los hijos menores de Alejandro antes de que termine marzo. También se comprometió a devolver las rejas que tiene la vecina Idalmis González.
La duda que queda
Alejandro agradece la publicación y la visibilidad, pero la pregunta flota en el aire: ¿Por qué una persona investigada por estafar casi 7 millones de pesos, cuyos bienes fueron adquiridos con dinero robado, es puesta en libertad sin sanción, y además se le permite negociar la devolución de lo robado como si fuera un favor?
Las pruebas
La denuncia incluye 7 fotos de documentos y 1 foto de la vivienda, además de imágenes de las rejas y la puerta.
Resumen:
Alejandro García Arias denuncia que desde 2023 lucha contra una red de estafadores que le arrebató la vivienda de sus hijos menores en Vedado. Jorge Linares y Leidis Lahera, los acusados, están siendo investigados por DICO por estafar casi 7 millones de pesos. A pesar de ello, la propiedad sigue usurpada y alquilada ilegalmente por la madre de Leidis. Un oficial le dijo que la confiscación de bienes «no es habitual» en delitos que no sean narcotráfico o terrorismo. Tras la publicación de la primera denuncia, aparecieron autoridades, pero la solución no llega. Hoy, Leidis Lahera ha sido puesta en libertad y promete devolver el apartamento antes de que termine marzo.
Conclusión:
Este caso expone una de las mayores vergüenzas del sistema judicial cubano: la incapacidad (o falta de voluntad) para recuperar bienes robados mediante estafas cuando los delitos no son considerados «de alto perfil». La respuesta del oficial —»solo confiscamos en narcotráfico o terrorismo»— es una confesión de que el sistema permite legalizar propiedades compradas con dinero sucio, siempre que el delito sea «común».
Mientras tanto, la víctima, Alejandro, sigue esperando. Sus hijos menores no tienen su casa. Los estafadores, aunque investigados, están en libertad. Y la propiedad sigue en manos de desconocidos que la alquilan ilegalmente.
La pregunta de Alejandro es la misma que muchos se hacen: ¿cuánto dinero hay que robar, y de qué tipo, para que la justicia actúe? Porque si estafar 7 millones y comprar propiedades no es suficiente, entonces ¿qué lo es?
