Gobernadores y alcaldes acusan al presidente de utilizar las fuerzas armadas como herramienta política, mientras una jueza federal bloquea el operativo en Portland.
El presidente Donald Trump ha redoblado su estrategia de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en varias ciudades y estados bajo administración demócrata, argumentando la necesidad de restaurar el orden ante disturbios y una supuesta «anarquía». La medida, sin embargo, ha sido interpretada por numerosas autoridades locales como un abuso de poder y una utilización política de las fuerzas armadas, desatando una serie de enfrentamientos legales e institucionales.
Uno de los episodios más controvertidos se desarrolló en Portland, Oregón, donde una jueza federal, Karin Immergut –designada por el propio Trump–, emitió una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el estado. La magistrada cuestionó duramente la estrategia de la administración, que intentó movilizar efectivos desde California y Texas tras verse impedida de utilizar la Guardia Nacional de Oregón. “¿No están los demandados simplemente eludiendo mi orden?”, interrogó Immergut durante una audiencia.
A pesar del revés judicial, alrededor de 200 miembros de la Guardia Nacional de California fueron movilizados a Portland durante el fin de semana, según documentos judiciales. Paralelamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó la activación de hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas para ser desplegados en Oregón, Illinois y otros posibles destinos.
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En Chicago, la administración Trump autorizó el envío de 300 efectivos, encontrándose con la firme oposición del gobernador J.B. Pritzker, quien calificó la medida como “absolutamente escandalosa y antiestadounidense”. La decisión se produjo en un contexto de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza Immergut fundamentó su decisión en que el uso de tropas federales sin el consentimiento estatal podría violar la Décima Enmienda de la Constitución, que protege la soberanía de los estados. Además, advirtió sobre el peligro de que la intervención militar en asuntos civiles “difumine peligrosamente la línea entre el poder federal civil y militar, en detrimento de esta nación”.
El patrón de despliegues se extiende también a otras ciudades con administración demócrata, como Washington D.C., Los Ángeles y Memphis, lo que ha llevado a acusaciones de que Trump está utilizando el aparato de seguridad para fines políticos. El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció en redes sociales lo que consideró un “abuso tal de poder que corta la respiración” y anunció acciones legales. Esta serie de movilizaciones militares ordenadas por el presidente ha generado uno de los choques institucionales más significativos de su mandato, enfrentándolo directamente con gobernadores y alcaldes de todo el país.
