La Embajada estadounidense en Cuba exige la liberación del opositor, trasladado a prisión de Agüica en un aparente castigo por su activismo
La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció públicamente los abusos y malos tratos contra el preso político Walnier Luis Aguilar, uno de los jóvenes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), y exigió la liberación de todos los prisioneros de conciencia en la isla.
«Estamos muy preocupados por el abuso y tratamiento del preso político Walnier Luis Aguilar y de los centenares de otros que siguen injustamente encarcelados. Ya es hora de que los liberen a todos», señaló la sede diplomática en su cuenta oficial de X (Twitter).
La denuncia se produjo después de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertara sobre la situación del joven opositor, quien fue trasladado recientemente a la prisión de Agüica, en Matanzas, a casi 200 kilómetros de su familia en La Habana. Según la organización, este traslado constituye un castigo punitivo impuesto por la Seguridad del Estado para aislarlo y quebrar su resistencia.
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El padre de Walnier, Wilber Aguilar, denunció en redes sociales que fue citado por agentes policiales poco después de recibir una llamada interrumpida de su hijo desde prisión. «Esto es un abuso. No me dejaron hablar con él. Están jugando con nuestra angustia», escribió el padre en Facebook, donde compartió su preocupación por el estado físico y emocional del joven.
Aguilar, de 24 años, fue condenado a varios años de cárcel por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11J en La Habana. Su caso ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a su familia en 2025 ante el acoso y represalias sufridas.
El traslado de Walnier coincide con el del activista Ángel Cuza, enviado a la prisión de Guanajay en Artemisa bajo similares argumentos. Ambos fueron sacados del Combinado del Este bajo la justificación de una supuesta huelga de hambre, versión desmentida por sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos han reiterado que el régimen cubano utiliza estos traslados forzosos como método de castigo para debilitar psicológicamente a los presos políticos y sus familias, alejándolos de sus hogares sin previo aviso ni justificación legal.
