La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo clave que permite al gobierno reanudar la deportación a terceros países, una política que afecta directamente a un grupo de inmigrantes detenidos durante semanas en una base militar estadounidense en Yibuti. La decisión autoriza su traslado a Sudán del Sur, a pesar de las advertencias sobre la grave crisis humanitaria en esa nación.
Esta orden, emitida sin firma, anula la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado la expulsión de estos individuos. La mayoría del tribunal argumentó que su fallo anterior, del 23 de junio, que ya permitía estas deportaciones con poco preaviso, se aplicaba en su totalidad a este caso, desestimando los argumentos de un juez federal de Massachusetts.
Una Victoria para el Gobierno y una Fisura en el Ala Liberal
El grupo de inmigrantes afectados, que incluye ciudadanos de Cuba, Vietnam y Laos, se encontraba retenido en un contenedor de carga adaptado en Yibuti mientras se resolvía su situación. Un tribunal inferior había protegido a ocho de ellos basándose en un fallo previo que el gobierno no apeló. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó esta protección, afirmando que no se puede hacer cumplir una orden que el máximo tribunal ya ha suspendido.
Sorprendentemente, la jueza liberal Elena Kagan concurrió con la mayoría. Aunque manifestó su desacuerdo con la decisión original de permitir la deportación a terceros países, señaló: “la mayoría de esta corte lo vio de otra manera, y no veo cómo un tribunal de distrito puede obligar a cumplir una orden que esta corte ha suspendido”.
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Dura Crítica: «La Corte Suprema en Marcación Rápida»
La decisión provocó una enérgica respuesta de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. En una contundente disidencia, Sotomayor acusó a la mayoría de ignorar el riesgo que enfrentan los inmigrantes y de privilegiar al gobierno.
“Lo que el Gobierno quiere hacer, concretamente, es enviar a los ocho no ciudadanos que retiró ilegalmente de Estados Unidos desde Yibuti a Sudán del Sur, donde serán entregados a las autoridades locales sin considerar la probabilidad de que enfrenten tortura o muerte… Otros litigantes deben seguir las reglas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema en marcación rápida”.
El Contexto de la Deportación a Terceros Países
Esta política busca acelerar las deportaciones, especialmente cuando los países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos. Sin embargo, choca con la Convención contra la Tortura, un tratado ratificado por EE.UU. que prohíbe extraditar a personas a lugares donde podrían ser torturadas. La ley es ambigua sobre cómo se debe evaluar ese riesgo.
El gobierno argumenta que si recibe «garantías» de un país tercero, no necesita notificar al inmigrante sobre su destino. Organizaciones humanitarias, como la ONU, han alertado sobre la crítica situación en Sudán del Sur, marcada por la inseguridad alimentaria, la violencia y la inestabilidad política, lo que añade una capa de urgencia y preocupación a la decisión judicial. Puedes consultar más sobre la situación en la página de ACNUR sobre Sudán del Sur.
