Un extenso anónimo llegado a la Dirección Provincial de Alojamiento revela una trama de desvíos, favoritismos y protección que involucra a directivos como Amauris Suárez, Luis Ángel Hernández y Camilo Fonseca, así como a la fiscalizadora Liliana Beatriz Domínguez, secretaria del núcleo del PCC, acusada de manipular documentación para borrar evidencias y llevarse activos fijos. También mencionan televisores, aires acondicionados, neveras, rejas, ron y cerveza Calatrava. Los denunciantes exigen justicia y advierten que enviarán copias al Partido, al Grupo Empresarial de Comercio y al Gobierno Provincial.
Un extenso y detallado documento anónimo ha llegado a la Dirección Provincial de Alojamiento en Granma, con copia a nuestra redacción. En él, un grupo de trabajadores del sector denuncia una red de corrupción enquistada en varias unidades de la empresa, que involucra a directivos, fiscalizadores y personal clave, y que se mantiene impune gracias a una red de protecciones y manipulaciones documentales.
La pregunta inicial: ¿investigación real o solo para Camilo?
Los trabajadores comienzan cuestionando la imparcialidad de las investigaciones: «Nos preguntamos si estará realizando esta verificación fiscal como en realidad debe ser, o ahora solo es para el director Camilo Fonseca».
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Señalan que, mientras el foco parece estar puesto en Fonseca, «ya no se habla de los problemas del director Amauris Suárez Alarcón». Una larga lista de irregularidades de este directivo permanece sin investigar:
- «No se habla del tema combustible».
- «No se habla de los televisores ocupados a dicho director».
- «No se habla de todos los activos fijos sacados de Villa Cautillo con el consentimiento del director de esta unidad».
- «No se habla de la nevera que tiene en su casa».
- «No se habla de los aires acondicionados».
El caso de Luis Ángel Hernández del Monte
Otro director señalado es Luis Ángel Hernández del Monte:
- «No se habla de las rejas que sacó el propio director Luis Ángel Hernández del Monte, y que como prueba las llevó él mismo para la unidad».
- Es decir, hay pruebas físicas de que sacó bienes de la empresa, pero no pasa nada.
Los televisores perdidos
La denuncia menciona «los televisores perdidos en la unidad de logística y Villa Cautillo», otra muestra de activos que desaparecen sin que nadie rinda cuentas.
La fiscalizadora Liliana Beatriz Domínguez: la «moral intachable» que borra evidencias
El documento dedica un extenso párrafo a Liliana Beatriz Domínguez, fiscalizadora de la empresa y secretaria del núcleo del Partido Comunista en la entidad. La descripción es demoledora:
- «Con su falsa moral, siendo la secretaria del núcleo del PCC, acostumbra a manipular la documentación para que nunca conste evidencia de todos los activos que se lleva».
- «Nunca pasó nada cuando verificaron los AFT de La Algarroba cuando salió la directora Liena Talles, donde estaba implicada también esta compañera».
- «Esta señora de moral intachable se dedica a hablar mal de todos, en especial a los directores generales».
- «En todas las entregas de medios básicos que realiza, se lleva algo».
- «Nunca detecta ningún problema, nunca ve nada, no realiza su trabajo como debe ser. Solo espera que otras personas detecten los problemas para ella actuar».
Los trabajadores se preguntan: «¿Esta señora en realidad es de moral tan intachable, o solo actúa así por estar protegida?».
Las omisiones cómplices
La denuncia revela que Liliana calla ante irregularidades que conoce:
- «No habla del faltante de ron que hay en la UEB de Masó, en conjunto con el director económico, que también lo sabe y no actúan al respecto».
- «Claro, no puede hablar porque está comprometida. Que devuelva todos los AFT que se llevó de allí en una de las entregas que hizo».
El caso de Frank: almacenero en dos unidades
La denuncia señala otro conflicto de intereses:
- «Frank, esposo de la compañera Ibis (directora de la UEB Campestre), es almacenero en Casa Verde (perteneciente a la UEB Enramada) y almacenero en La Algarroba (perteneciente a UEB Aurora)».
- «Acaso nadie puede ver esto? ¿Acaso nadie puede parar? ¿Por qué esta señora no habla de eso? Claro, porque también tiene sus beneficios».
El director económico Ariel Tamayo: siempre sale ileso
El documento también menciona a Ariel Tamayo, director económico de la empresa:
- «Se hace la víctima y es peor que muchos».
- «Pasan los problemas y él siempre sale ileso».
- «Por ejemplo, Río Cauto: todos saben cuántos problemas hay, y ni él ni la fiscalizadora actúan».
- «Todos saben que el compañero Roel Pompa trabaja allí como almacenero y realiza toda la documentación de esta UEB, y no pasa nada. Es otro privilegiado de esta fiscalizadora».
El local de logística: ¿por qué culpan solo a Camilo?
Los trabajadores cuestionan por qué se culpa al director Camilo Fonseca por el local de logística, cuando el verdadero responsable es Julio César Alarcón, director de la UEB Aurora:
- «Él es responsable de permitir que esas personas se hospedaran ahí, y no fue capaz de alertar al director. ¿O es que acaso es otro protegido? ¿O tiene otros privilegios que no lo culpan a él de esto?»
El clamor final: justicia
Los denunciantes concluyen con una petición clara: «Solo esperamos justicia». Y advierten que entregarán copia de la denuncia al Partido Provincial, al Grupo Empresarial de Comercio, al Gobierno Provincial, «y a otros lugares si vemos que no tenemos respuesta alguna».
Resumen:
Un anónimo dirigido a la Dirección Provincial de Alojamiento en Granma denuncia una red de corrupción que involucra a directivos como Amauris Suárez Alarcón (televisores, neveras, aires), Luis Ángel Hernández (rejas) y Camilo Fonseca (local de logística). La fiscalizadora Liliana Beatriz Domínguez, secretaria del núcleo del PCC, es acusada de manipular documentación para borrar evidencias, llevarse activos y callar ante faltantes (ron en Masó). Frank, esposo de una directora, es almacenero en dos unidades. El director económico Ariel Tamayo siempre sale ileso. Se cuestiona por qué solo se investiga a Camilo. Exigen justicia y amenazan con llevar la denuncia a otras instancias.
Conclusión:
Este documento es una radiografía de la corrupción en una empresa estatal cubana: directivos que se llevan televisores, aires, neveras y rejas; una fiscalizadora que, lejos de controlar, manipula documentos para proteger a los corruptos y beneficiarse ella misma; almaceneros que acumulan cargos por parentesco; y una «justicia» que solo persigue a unos pocos, mientras los demás siguen impunes.
Lo más grave es que Liliana Beatriz Domínguez, la fiscalizadora, es secretaria del núcleo del PCC, es decir, la máxima autoridad política en la empresa. Su «moral intachable» es una fachada para una red de favores y desvíos que ella misma coordina.
Las autoridades del Grupo Empresarial de Comercio, la Fiscalía, la Contraloría y el Partido en Granma tienen la palabra. Los trabajadores han hablado, han dado nombres y han detallado los robos. Ahora falta que alguien haga algo. Porque si esta denuncia también queda impune, la corrupción en Alojamiento Granma seguirá siendo el negocio de unos pocos, y los únicos que pagarán serán los que aún creen en la justicia.
